El primer plenario de la nueva versión del Consejo de la Magistratura no estuvo exento de polémicas. Y su crónica no tiene desperdicio. La sesión comenzó cerca de las 14, con cinco horas de demora, porque sus miembros tardaron en acordar los temas a tratar. Finalmente sólo coincidieron en definir una cuestión: la designación del presidente y el vicepresidente del cuerpo, puestos que se quedaron, respectivamente, Vázquez y Luis María Cabral, de la Lista Bordó de la Asociación de Magistrados, crítica del kirchnerismo.
Terminada la elección de autoridades, se abrieron dos discusiones. La primera, en torno a la situación del consejero oficialista Ruperto Godoy, que no tiene título de abogado. Pero la maniobra que quedó en el centro de la polémica llegó luego, cuando Cabral cuestionó al Poder Ejecutivo por el retraso en las partidas presupuestarias para pagar los sueldos del Poder Judicial el último mes. Se estima que la deuda total asciende a 1.200 millones de pesos.
¿Qué pasó? El kirchnerismo quería reemplazar Krieger, un funcionario nombrado en noviembre de 2010, de buena sintonía con la Corte Suprema y con una larga trayectoria pública como administrador. Pero como la cuestión no estaba en el orden del día y Vázquez no tenía los 10 votos necesarios para lograr que el tema se trate, apeló a una maniobra de dudosa legalidad y sin ningún antecedente: convocó a una sesión extraordinaria para las 18 horas, apenas unas horas después, con el único fin de echar al administrador. ¿La excusa? "Está en riesgo el pago de los salarios", dijo la presidente. Del otro lado le responden, en pocas palabras, que "no hay plata".
Así las cosas, pasadas las 18 horas el cuerpo se reunió con la presencia de Vázquez y los seis consejeros que responden al kirchnerismo. Los presentes le pusieron fin al contrato de Krieger y en su lugar designaron a Cholakian, hasta hoy auditor del Consejo de la Magistratura.
Cholakian fue noticia en 2009, cuando se conoció que defendía a Conti en una causa en la que la diputada estaba acusada de quedarse con parte del sueldo de sus asesores. Esa situación lo exponía a una contradicción: como auditor, debía controlar el funcionamiento de los juzgados federales, entre ellos, el de Rodolfo Canicoba Corral, que tenía a su cargo el expediente. "No es ilegal, pero es una falta de ética total", denunció en su momento el abogado de la querella, Mariano Becerra. En medio del escándalo, tuvo que renunciar.
Frente a este panorama, los consejeros no kirchneristas presentaron varias notas en las que impugnaron el plenario por "antirreglamentario", ya que lo definieron como "una maniobra burda para burlar el régimen de mayorías". Y explicaron que "tiene que haber tres días entre cada sesión".
"Dos plenarios en el mismo día es una locura. Encima el segundo es extraordinario, pese a que no hay urgencia y ni siquiera se explicitaron los motivos. Es absolutamente ilegal", evaluó a Infobae una fuente que presenció la sesión. "Vázquez estaba desbordada por la discusión", agregó.
"A Vázquez se le fue de las manos la sesión, porque estaba muy nerviosa y se terminó yendo del lugar dando un portazo", abundó otra fuente que también estuvo en el plenario.
En realidad, la jugada de Vázquez fue un "plan B" con el que buscó subsanar lo que no había podido hacer más temprano. El kirchnerismo había intentado incluir en el orden del día el cambio de administrador, pero en una convocatoria firmada por un sólo miembro, Héctor Recalde, con el argumento de que el diputado es el consejero con más edad del cuerpo y el reglamento ordena que presida la primera sesión. Esto, sin embargo, no le daba facultades para imponer la agenda. Por eso se tuvo de consensuar y excluir del temario la situación de Krieger.
En el fondo, lo que estaba en juego es la caja, que ahora quedará en manos de un "soldadito" de Vázquez, amiga desde hace años de la "jefa de jefes", la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Fuente: infobae.com
