Los manifestantes que marcharán hacia el corazón de la República lo harán ahora con la idea de celebrar los 29 años de democracia sin interrupción, pero con el reclamo de que la justicia avale finalmente una norma que seguramente propenderá a pluralizar la palabra y las ideas.
A casi tres décadas de aquel 10 de diciembre en el cual Raúl Alfonsín ingresó a la Casa Rosada con el objetivo de reponer las instituciones republicanas, el sistema judicial argentino continúa siendo el más conservador de los tres poderes del estado, lo cual queda expresado en su inclinación por defender corporaciones e intereses privados.
Por aquellos años de democracia balbuceante, el senador Vicente Leonides Saadi integraba la Comisión de Acuerdos del Senado que debía avalar ascensos militares y designaciones de jueces. Los periodistas trasladaban permanentemente los cuestionamientos de los organismos defensores de derechos humanos por los pliegos militares.
Pero una tarde, el astuto catamarqueño le dijo a un cronista parlamentario: "Ustedes siempre me preguntan por los ascensos de oficiales y nunca por los acuerdos de los jueces. Pero los militares se los echa con una decisión del comandante en jefe que es el presidente de la Nación, mientras que los jueces que se están nombrando serán los jueces de la democracia de por vida".
La democracia no encontró aún un modo de ventilar el espeso espíritu de cuerpo de la justicia que, por ejemplo, resiste todo lo que puede el juzgamiento de los militares genocidas. Es cierto que hay magistrados que avanzaron con las causas sobre violaciones de los derechos humanos, pero otros buscaron todas las martingalas posibles para que los asesinos se fueran muriendo sin ir a parar a la sombra.
El presidente Néstor Kirchner debió llamar varias veces la atención acerca de la demora de los juicios por delitos de lesa humanidad, en tanto su sucesora advirtió también reiteradamente que la justicia no sólo debe cuidar su independencia del poder político sino también del económico.
Las expresiones de ambos presidentes fueron interpretadas siempre por la "familia judicial" como presiones inaceptables, pero lo cierto es que el elefante no hubiera avanzado un paso si el poder político no lo hubiera empujado.
La demora en impartir justicia -sea por medidas cautelares o por otras gambetas- termina siendo un fallo a favor de quienes sólo intentan evitar el peso de la ley. No pocos militares murieron sin una sentencia judicial y el grupo Clarín lleva más de tres años de negocios pese a la vigencia de una norma antitrust como las que existen en otras naciones desarrolladas.
Quienes conciben al principal grupo mediático como la nave insignia de la oposición consideraron que el nuevo paraguas abierto por la cámara federal sobre la integridad del conglomerado implicó una reivindicación de la división republicana de poderes republicana. Pero desde un ángulo menos conservador, la primacía de una corporación sobre una ley sancionada con abrumadora mayoría, no refleja precisamente una democracia de calidad.
La disputa por la ley de medios dejó de ser hace tiempo sólo una puja por democratizar la palabra, para convertirse en una confrontación entre la política y las corporaciones. De un lado están quienes fueron votados para gobernar y del otro los poderes fácticos que hoy encuentran respaldo en los recovecos de la justicia.
Sin embargo, la ley de medios conlleva una causa tan justa que será difícil que se pueda evitar por mucho tiempo más su plena vigencia. Las versiones del Palacio de Tribunales indican que el máximo tribunal de justicia estará en condiciones de pronunciarse sobre la extensión de la medida cautelar en la semana que se inicia.
Si la Corte cerrara el paraguas protector, el proceso de desinversión se iniciaría inmediatamente. De lo contrario, el gobierno deberá seguir aguardando por la plena vigencia de una de las mejores herencias que le dejará a la democracia.
Fuente: Télam
