El plazo para que el municipio se expida venció el día lunes 22 de marzo, según manifestó Perea a un medio radial, lo que daría a pensar que la ordenanza fue promulgada por el Ejecutivo.
Sin embargo, el jefe comunal andalgalense, reveló que ese mismo lunes el Ejecutivo presentó un recurso de amparo a la Corte de Justicia para que declare la inconstitucionalidad del reglamento.
Al mismo tiempo, Perea y los funcionarios municipales se apoyan en bases constitucionales que determinan que el Concejo Deliberante de Andalgalá no tiene competencia jurídica para legislar sobre los temas concernientes a la minería.
Por este motivo, el Ejecutivo Municipal elevó el recuro de amparo a la Corte y se encuentran a la espera del dictamen de la justicia.
