El trabajo de este periodista, dueño de una larga trayectoria en medios gráficos, radiales y audiovisuales, propone un recorrido histórico por esta unidad militar, la más grande de país, que comienza durante la presidencia de Julio Argentino Roca y concluye con el kirchnerismo.
No obstante, el relato hace base en lo que sucedió en esa guarnición durante el terrorismo de Estado y da pistas en relación a los lugares en los cuales los militares depositaron los restos de sus cautivos.
"En el informe de la CONADEP y el Juicio a las Juntas se brindaron muy pocos testimonios sobre lo que sucedió en Campo de Mayo, y eso se debió a que hubo muy pocos sobrevivientes que pudieron dar cuenta de las cosas que pasaron en ese lugar. Recién ahora, con las megacausas podemos tener una idea de la matanza que se perpetró allí", observa Vázquez.
El autor sostiene que en esta base, que contiene a varias unidades militares e institutos formativas, el Ejército aplicó "al extremo la política de seguridad nacional que buscaba asfixiar al enemigo subversivo.
Vazquez afirma que en tiempos de la última dictadura cívico militar, en Campo de Mayo vivían cerca de 50.000 personas, pero que como no había un sistema cloacal, los residuos y aguas servidas se depositaron durante años en predios ubicados en la localidad de Maquinista Savio, en el partido de Escobar.
"En ese lugar, al día de hoy aparecen restos de huesos y calaveras humanas cuando los vecinos de esa zona, donde hay un barrio de emergencia, hacen algún pozo o abren alguna zanja", cuenta Vázquez.
Según el periodista, las autoridades municipales de Escobar saben que en ese predio están depositados restos humanos, y durante la gestión de Luis Abelardo Patti, condenado hoy por delitos de lesa humanidad, se depositaron miles de toneladas de relleno con el propósito de dificultar la búsqueda de cuerpos.
"Patti debe saber bien que ahí en esa zona. El fue un agente de la represión ilegal y cuando ejerció como intendente mandaba camiones para rellenar el lugar. Además, desde el Municipio se propició que el predio sea ocupado por varias familias", apunta.
El Juzgado Federal Número 2 de San Martín, a cargo de la magistrada Alicia Vence ordenó varias pericias en el lugar y pidió al Ejército que llevara al lugar una pala mecánica retroexcavadora para remover la tierra de ese lugar.
"La jueza ordenó algunas pericias; marcó el terreno con precintos y pidió que el Ministerio de Defensa llevara una pala mecánica para remover el suelo. Pareciera ignorar que de esta forma se arruinaría toda la evidencia", explica.
Además, el libro cita a testigo que durante años vieron cómo los camiones del Ejército descargaban cuerpos en el lugar y que por miedo eligieron mantenerse en silencio.
"El dato para comenzar esta investigación me lo pasó gente de la APDH de la zona Norte del Gran Buenos Aires. Me contaron el caso de un señor de Chaco, muy pobre, que se acercó a ellos con el propósito de cobrar una indemnización. Él había recorrido la zona y contó que lo atormentaba el recuerdo de 'haber visto tanto cadáveres'", subraya.
Fuente: Télam
