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El saqueo minero sigue

Luego de la suspensión del permiso de cateo y/o exploración minero impuesto por los vecinos y organizaciones sociales de Tilcara y Juella, se hizo lugar al amparo presentado por esas organizaciones; la audiencia para la presentación de pruebas se fijó para el 26 de agosto.
(DIARIOC, 26/08/2008) Esta conquista de la movilización popular fue presentada como un ataque a las posibilidades de "desarrollo económico" de la zona por el arco político oficial y disidente del PJ (Barrionuevo-Snoopek), en defensa directa de los llamados a licitación y concesión de las áreas mineras y petroleras de la provincia. La oposición radical impulsa un proyecto de ley de regulación minera, similar al presentado por la ONG "Huella Gaucha", que pone a disposición del Estado el control y el permiso de explotación, con algunas salvedades respecto de la utilización de determinadas sustancias químicas. Las empresas interesadas en la explotación son, en general, extranjeras (canadienses, norteamericanas, chinas). El proyecto no deroga la ley 4659 provincial de adhesión a la ley nacional de inversiones (promoción) mineras; ni siquiera regula la actividad gravándola con impuestos provinciales.
Luego de la lucha encabezada por el pueblo de Tilcara, Huella, Yacoraite y Maimara, el gobierno pretende emprender un ataque desde el parlamento con la aprobación de alguno de los proyectos en danza. Ha quedado demostrado que existe un "bloque legislativo multipartidario común" a la hora de privatizar, concesionar o subsidiar al empresariado saqueador en la provincia. Para esto se asegura el copamiento de cualquier iniciativa de lucha a través de la burocracia de la CTA y otras organizaciones cooptadas.
La experiencia popular en torno a la minería data de los despojos dejados por las minas Pan de Azúcar y Metal Huasi, que suman al saqueo la contaminación (suelo, agua y aire) que produce enfermedades incurables. Utilizan el método de explotación a cielo abierto, con voladura de cerros completos, a pesar que las zonas de la Quebrada y Punade fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ni hablar de las comunidades originarias despojadas de sus tierras, primero por el turismo y ahora por la minería, que siguen en la eterna espera de la entrega y titularización de sus tierras.
Los antecedentes de ayer y hoy exigen la unidad de todos los que se oponen al saqueo y contaminación mineros en la zona de la Quebrada y Puna. Al saqueo minero, se le debe oponer la movilización independiente por:
* Fuera la minería de la Quebrada y Puna.
* Erradicación de los desechos tóxicos en Abra Pampa e indemnización de sus víctimas.
* Comisión de control de trabajadores, vecinos y organizaciones ambientales de las explotaciones mineras radicadas en la provincia.
* Impuestos progresivos a toda empresa contaminante.

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