A pesar de presentarse como un centro de estudios "independiente", en CERTAL conviven personas ligadas a los grupos empresarios dedicados a las telecomunicaciones e integrantes de la llamada "familia judicial".
A la usanza de la industria farmacéutica, pagar viajes, cursos, congresos y sponsoreos varios es la metodología elegida para obtener contraprestaciones de profesionales que no ven como una contradicción ética participar de estos eventos.
Uno de los funcionarios que forman parte de la estructura orgánica de CERTAL con el cargo de Secretario General en Argentina es Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
Allí comparte tareas con la Coordinadora General del mismo organismo, Ana Recondo, hija del cuestionado camarista e integrante del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.
Como Secretario General de la organización, Sáenz brindó conferencias por el continente, y distintas fuentes aseguran que participó del evento realizado en Miami al que acudieron varios magistrados argentinos invitados por el Grupo Clarín.
En agosto pasado, el fiscal también participó en Asunción de un evento organizado por CERTAL para cableoperadores y disertó en la mesa sobre "La situación jurídica del combate a la piratería en Paraguay y su comparación con los países del Mercosur".
También fue expositor en las jornadas de la Asociación Argentina de TV por Cable (ATVC) en 2011, en la misma mesa con Sergio Piris, "abogado penalista especializado en clandestinidad y asesor externo de Cablevisión y CERTAL", según el propio programa del encuentro.
En marzo de 2012, el fiscal Sáenz tuvo sus quince minutos de fama al impulsar una acción penal contra "Cuevana" el más importante sitio web argentino dedicado a la distribución gratuita de producciones de cine y televisión.
Allí recurrió a la figura de "partícipe necesario" para imputar al fundador del sitio, Tomás Escobar, y responsabilizarlo por los links incluidos en la web, aunque estos estuvieran dirigidos a servidores ubicados fuera del país y cuyos titulares no tienen ninguna relación con Escobar, es decir, lo mismo que hacen todos los buscadores e indexadores de sitios, Google incluido.
Cuevana era, hasta que se inició la causa impulsada por el Secretario General de CERTAL para Argentina, el principal obstáculo para el desarrollo del sistema de video on demand presentado por Cablevisión el viernes pasado.
Este nuevo producto del grupo Clarín permite a los abonados descargar películas a elección de un catálogo y verlas en cualquier horario a cambio de un pago adicional al abono por cada contenido descargado. Lo mismo que hacía Cuevana, pero pago.
Sáenz, de alta exposición en las redes sociales -tiene su propia página de Facebook y su cuenta en Twitter-, también conduce un programa semanal llamado "Área Protegida. El programa de Argentina Cibersegura", que se emite por FM Identidad 92.1.
El ciclo es sostenido por otra ONG, "Argentina Cibersegura", creada y mantenida por la multinacional de origen norteamericano Eset, dedicada al desarrollo de software de seguridad informática.
Esta relación con uno de los principales actores corporativos del ámbito que el fiscal dice investigar no le genera ninguna contradicción.
Tampoco parece incomodarlo que el dueño de FM Identidad sea el empresario Jorge Cassino, referente de la industria del software en Argentina, presidente de la empresa Sols Latinoamérica y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Tecnologías de la Información.
En los pasillos de Tribunales cuentan que se enorgullece de que lo llamen "fiscal 2.0", aunque su actividad en la justicia empezó mucho antes que su devoción por Internet y su preocupación por el "ciberdelito".
En abril de 2003, cuando todavía estaba lejos del mundo de los medios y las telecomunicaciones, apenas un mes antes de que Néstor Kirchner asumiera el gobierno e iniciara el proceso de renovación de los miembros de la Corte Suprema, Sáenz -interinamente a cargo de la Fiscalía de Cámara- se pronunció por la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y reclamó, a través de un recurso extraordinario, que la Corte ratificara su constitucionalidad.
El objetivo era garantizar la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado antes de la llegada del nuevo gobierno. Perdida esa batalla, hoy Sáenz cierra filas con otros poderosos.
Fuente: Télam
