Y en este sentido, manifestó “nos han vendido un equipo que nunca funciónó y que era usado. Se está haciendo el trámite administrativo para determinar qué se necesita para que funcione, si es que puede funcionar, tarea que la está haciendo el ministerio de Servicios Públicos” y añadió “es un monumento a la corrupción como dijeron algunos medios porque se compraron elementos caros e inútiles que nunca funcionaron, y se ha enriquecido a alguien. Porque convengamos que primero está el costo actual de la obra y segundo el daño que se causó a la población por no tener el servicio”.
Asimismo, el Fiscal destacó que desde su área se ha trabajado arduamente “para que quede en claro cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado a la energía en Catamarca. Lo sostenemos y lo seguimos sosteniendo que durante el período del Frente Cívico y Social se ha destruido el sistema de generación y distribución de energía, prueba de ello es que tenemos investigaciones administrativas en el caso de Hidrocuyo por la central hidroeléctrica de La Carrera, las irregularidades en la obra de Ampajango y el tendido eléctrico en Santa María, los aerogeneradores y las obras que corresponden a distribución eléctrica”.
Del mismo modo, dijo que se puede considerar como una “buena noticia” que la Justicia “aparece como despertándose después de mucho tiempo de haber insistido la Fiscalía de Estado para que no sólo haya investigación sino también resultados”.
Haciendo referencia a esta cuestión, señaló que no está en las manos del organismo que tiene a cargo tomar las decisiones, “la decisión es puramente judicial y el Poder Judicial es el único que puede resolver la situación de aquellos que son denunciados, y que puede determinar la posibilidad del reembolso de la suma que el Estado ha perdido en función de las desviaciones de los fondos que ha habido y los daños que se han causado”.
Por eso consideró que “es auspicioso que la Justicia haya comenzado a trabajar con celeridad sobre los temas que a nosotros nos importan, es decir, que logremos que quienes han causado daño al Estado, lo paguen. No sólo con la sanción penal sino con la retribución del daño que causaron” y en este sentido agregó “nuestra idea no es perseguir sino conseguir que la Justicia resuelva las irregularidades en los servicios públicos”.
Así explicó que la Fiscalía de Estado está como querellante particular y que van a tomar participación en todas las actuaciones que se hagan en la fiscalía. Del mismo modo, indicó que el Tribunal de Cuentas “ha hecho una determinación de los montos que deberían devolver los funcionarios; nosotros tenemos claramente determinado el daño en la obra de Ampajango, que es cerca de 10 millones de pesos porque hubo una sobre certificación de la obra”.
