Dicha notificación señala que se trata de "instrucciones de la Superioridad" que deberán cumplirse "Bajo apercibimiento de Ley", sin señalar otro argumento para dicho traslado.
"Uno de los principales objetivos de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 es el cierre definitivo de las instituciones neuropsiquiátricas y la sustitución de las mismas por la atención en dispositivos comunitarios y hospitales generales", expresó Fresneda.
Y en ese sentido agregó que "en este caso no se trata de una descentralización de los recursos humanos enmarcada en una política activa del Gobierno Provincial por cumplir la Ley sino en tratar de acallar las voces críticas que señalan su no cumplimiento", expresó Fresneda.
"Esta medida se inscribe en una política que pretende disciplinar a quienes intentan señalar los incumplimientos y las vulneraciones de derechos en las personas con padecimiento mental. El Gobierno de la Provincia de Córdoba está lejos de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y salud mental y no ha avanzado en la implementación de políticas públicas que garanticen este derecho", aseveró.
Para el funcionario, "en lugar de ello, decide acciones autoritarias propias de otras épocas y no se enfoca en la plena aplicación de las leyes de salud mental", agregó el secretario de Derechos Humanos".
Burijovich y Berra participaron en la redacción de los informes elaborados por la Comisión Provincial de la Memoria "Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en Córdoba" en el 2013 y 2014, el último presentado unos días antes de ser notificadas del traslado.
Allí, la Comisión de la Memoria, junto a los Observatorios de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) dan a conocer una serie de vulneraciones de derechos en contextos de encierro, entre ellas la violencia institucional que se ejerce sobre pacientes internados en hospitales psiquiátricos.
En tanto, profesionales del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba se mantienen en estado de alerta en rechazo del traslado de dos psicólogas de ese centro asistencial, que atribuyen a una medida del Gobierno de Córdoba por la posición crítica de ambas ante la falta de políticas públicas de salud mental.
El viernes, los trabajadores del Neuropsiquiátrico se reunieron en asamblea y decidieron declararse en estado de alerta por el traslado de sus compañeras.
La medida oficial generó también el rechazo del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, que a través de una solicitada criticó la actitud del Gobierno Provincial.
Para la entidad, "este accionar es evidencia de las políticas públicas autoritarias y discrecionales que van a contramano de todas las conquistas histórica que se han alcanzado en relación a la ampliación de derechos".
También se declaró en contra del traslado la Asociación Interdisciplinaria del Hospital Rawson, indicando que se trata de una "medida de castigo encubierto tomada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba".
"Las compañeras Burijovich y Berra son profesionales respetables que, por ser críticas a las políticas de Salud del Ministerio y en particular del área de Salud Mental, sufren esta sanción de 'traslado' como castigo", remarcaron.
Añadieron los agentes de ese nosocomio que solicitan "con energía que se vuelva atrás con esta medida arbitraria, que supone un abuso de poder del Gobierno Provincial".
Por su parte, un paciente del nosocomio peticionó en la plataforma Change.org pidiendo, en nombre propio y de "todos los pacientes del Hospital Neuropsiquiatrico la reincorporación" de las profesionales trasladadas, lo que sumó más de un millar de adhesiones.
En tanto, se anticipó que ambas profesionales presentarán un recurso administrativo para impedir la expulsión del nosocomio donde trabajan desde hace más de 15 años.
Fuente: Télam
