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Viernes 29 de Marzo de 2024
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Hacer la Corte

Desde que Bartolomé Mitre instaló en 1863 la primera Corte Suprema de Justicia, ningún presidente se privó de utilizar las amplias facultades que le otorga la Constitución Nacional para designar a algún amigo entre los miembros del tribunal, que necesita luego el acuerdo del Senado.
A poco de asumir, Néstor Kirchner se autolimitó mediante un decreto que estableció un mecanismo de impugnaciones que otorgó transparencia y participación popular a las designaciones de los magistrados de la Corte Suprema.

Kirchner le pidió al Congreso que iniciara la tramitación de juicios políticos a los cortesanos de lo que en los 90 se llamó la "mayoría automática" y estableció un procedimiento de preselección de los pliegos para los futuros postulantes que permite a entidades y particulares formular impugnaciones.

En sus albores, Kirchner se diferenció claramente de Menem que, para conformar una Corte adicta, envió al Congreso un proyecto que ampliaba el tribunal de cinco a nueve miembros, lo cual le permitiría designar socios y amigos sin demasiados pergaminos.

La ley correspondiente fue sancionada en la cámara baja un 5 de julio a la madrugada en una escandalosa sesión en la que hubo intrusos sentados en sus bancas y gente armada. Por primera vez había diputruchos en las bancas.

Menem consiguió la renuncia de dos miembros del tribunal heredado y propuso a seis nuevos que serían luego convalidados por el Senado en 24 horas en sesión secreta, un trámite que habitualmente no demanda menos de un mes.

Esa Corte Suprema de Justicia ilegal desde su nacimiento sería luego funcional a la venta de los bienes del Estado en procesos amañados y escandalosos, que contaron con la complacencia del mismo establishment que ahora sale a denunciar "presiones" del gobierno nacional sobre el anciano miembro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt.

A los 97 años de edad, la situación de Fayt es francamente insostenible, porque existen comprensibles dudas acerca de que pueda seguir trabajando con la idoneidad que le han reconocido sus acólitos en otros tiempos.

La elevada edad del ministro obliga al tribunal que debe funcionar con cinco miembros en cumplimiento de una ley de la entonces diputada Cristina Fernández, sancionada en 2006, a resolver cuestiones con la participación activa de solo tres ministros.

La cantidad de miembros de la Corte bajó de siete a seis en mayo de 2014 por la muerte de la primera mujer que ocupó el alto tribunal nominada por Kirchner, Carmen Argibay, y se redujo a cinco miembros -el número fijado por la ley de Cristina- cuando en octubre de ese año falleció el ministro Enrique Petracchi, que había sido nominado por Raúl Alfonsín.

A fines del año pasado el ministro más identificado ideológicamente con el kirchenrismo, Raúl Eugenio Zaffaroni, presentó su renuncia a partir del 31 de diciembre por haber cumplido los 75 años de edad que el artículo 99 de la Constitución Nacional fijó como límite para la jubilación durante la reforma de 1994, de la cual participó Zaffaroni como convencional del Frepaso.

En el mismo artículo constitucional los convencionales establecieron que para superar ese límite, los jueces deben ser nombrados nuevamente y contar con acuerdo del Senado, pero cuando se sancionó la reforma, Fayt ya había cumplido la edad límite, por lo que obtuvo una acordada de sus colegas en 1999 que le permitieron seguir trabajando.

En su carta de renuncia a la presidenta Cristina Fernández, Zaffaroni opinó que "los cargos vitalicios son más adecuados a los sistema monárquicos y menos compatibles con los principios republicanos". Fayt y el resto de los cortesanos no escucharon el mensaje doctrinario.

El Ejecutivo intentó reemplazar a Zaffaroni con el abogado Roberto Manuel Carlés, pero la oposición de la cámara alta, en la que se requieren dos tercios para el acuerdo, advirtió en noviembre del año pasado que no avalaría ningún juez de la Corte hasta que asuma el nuevo gobierno en diciembre de este año.

"Es como si hubieran decidido acortar el mandato de Cristina en un año", decían senadores del oficialismo que reivindican el derecho del gobierno a cubrir las vacantes del máximo tribunal.

El 22 de abril pasado, la Corte enfrentó nuevamente al Poder Ejecutivo al declarar la nulidad de la designación de diez conjueces que el Senado había aprobado con mayoría simple en mayo de 2014, para el caso de que el máximo tribunal no contara con los magistrados necesarios para emitir sentencia.

Los cortesanos sostuvieron unánimemente que se requerían los dos tercios, un numero con el cual el FPV ya no cuenta en la cámara alta.

La irregularidad con la cual funciona la Corte por su reducido número se tornó estentórea cuando se supo por una denuncia periodística que Ricardo Lorenzetti fue reelegido el 21 de abril para un tercer mandato como presidente del máximo tribunal -nueve meses antes de que expire el actual-, durante una reunión en la que sólo lo acompañaron Elena Higthon de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El relato periodístico puso de manifiesto que el ministro Carlos Fayt no estaba en el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales como sostiene la acordada correspondiente, sino que la firmó en su domicilio.

Fuentes tribunalicias explicaron que el método era habitual cuando los ministros se encuentran imposibilitados de acudir al Palacio de Tribunales, como había ocurrido con Argibay y Petracchi en sus últimos días, pero desde el oficialismo se sostiene que la acordada puede haber incurrido en "falsedad ideológica".

En medio del conflicto trascendió que Lorenzetti había expresado que padecía "cansancio moral" y que renunciaría a fin de año a su cargo.

Legisladores oficialistas, ministros y juristas reclaman por el momento que Fayt pruebe su idoneidad, en tanto otros piden que se cumpla la disposición constitucional que demanda una revalidación luego de los 75 años.

"No nos interesa una Corte adicta", dijo Kirchner en los albores de su Gobierno, cuando designó a juristas reconocidos con los cuales no tenía necesariamente coincidencias ideológicas, en una actitud que fue celebrada por propios y extraños.

Pero seguramente no imaginó entonces que el máximo tribunal pasaría de aquella mayoría automática que convalidó el desguace del Estado y las mayores tropelías, a esta que opera corporativamente contra legítimas decisiones del gobierno democrático.

Fuente: Télam

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