Señaló que esta política sería de "restricción" de la venta de alcohol a menores y no "ley seca", que es impedir totalmente la venta de alcohol a todos.
Recordó que la última encuesta que existe en Argentina sobre consumo de alcohol (abarca también consumo de tabaco) data del 2004 y fue realizada en base a 7.500 casos, pocos comparando los 50.000 que abarcó la encuesta que realizó el ministerio para reunir cifras sobre consumo de drogas en Argentina.
Según la encuesta de 2004, los programas de educación del gobierno lograron bajar el consumo de alcohol, aunque "igualmente sigue siendo altísimo", según el ministro.
En este sentido, Aníbal Fernández reconoció que "la mayoría de los delitos son cometidos por quien ha consumido alcohol" y que, "incluso, las víctimas muchas veces también lo han hecho".
"Los jueves, viernes y sábados, la mayor cantidad de gente que es detenida por la policía en el área metropolitana es por alcohol. El alcohol hace destrozos en muchas familias, sobre todo en accidentes viales, y eso nos preocupa", dijo Aníbal Fernández.
El ministro trabaja actualmente junto con un comité científico en un proyecto de ley sobre despenalización del consumo de droga, para que "no se penalice a quien consume droga sino al que la comercializa", según sus palabras.
Según el ministro, "esta ley tiene cuatro patas: prevención, para que nadie caiga en el consumo de ninguna sustancia; tratamiento si eso ya sucedió; reducción de daño y, la que nos incumbe en forma directa, que es la represión del delito en todas sus formas".
El ministro se refería a la "comercialización, organización, financiamiento, lavado, organizaciones superiores y redes de narcotráfico".
Como resultado del trabajo de este comité, que relevó causa por causa, surgió que "de la totalidad de los que consumen drogas, la inmensa mayoría no es adicta".
También surgió que los recursos con los que se cuentan "están despilfarrados" en causas por consumo personal.
"Los recursos están despilfrarrados en otras cosas, en detener perejiles, que lo han agarrado con un cigarrillo de marihuana, y que los han metido presos, estigmatizándolos para toda la vida como si fuese Escobar Gaviria (narcotraficante colombiano)", consignó Aníbal Fernández.
El ministro precisó que por cada detención y la consecuente apertura de una causa, el Estado gasta 5.000 dólares, y por cada persona detenida por este motivo, desembolsa 1.500 dólares, lo que representa en su totalidad el 40 por ciento del plan alimentario y "dos veces el plan de SIDA" a nivel nacional.
Por todos estos factores, reiteró el ministro, "en la nueva ley es delito para el que vende droga, no para el que la compra".
"Si la policía encuentra a alguien en la calle con un porro se lo sacará y se lo decomisará, lo que no va a hacer es meterlo preso", concluyó.(Telam)
