El gobierno de la provincia exige a las autoridades locales la aplicación de la ley provincial número 12.081, que versa sobre "resolución de situaciones conflictivas de origen hídrico causadas por efecto de obras menores y no autorizadas, que alteren o modifiquen el escurrimiento natural de las aguas y causen daño real o previsible".
La autoridad de aplicación de esta norma "es la autoridad municipal o comunal del distrito donde se encuentre el inmueble afectado".
La notificación, enviada a todos los intendentes y presidentes de comuna, se origina a partir de las intensas precipitaciones registradas en todo el territorio provincial.
En el caso de detectar obras irregulares, como "canales, tapones, bordos, alcantarillas de ejecución reciente o de mayor data en su distrito", el gobierno solicita a los municipios y comunas que "procedan a intimar a los responsables".
También deberán remitir al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente la copia de la comunicación realizada y su correspondiente constancia de recepción.
"Estas acciones se enmarcan en el fuerte compromiso con el ordenamiento hídrico territorial del gobierno, y en la convicción de todas las autoridades municipales y provinciales de trabajar en conjunto y coordinadamente para que la acción del Estado sea efectiva y tenga presencia en todo el territorio provincial", concluyeron las fuentes.
Fuente: Telam
