En el escrito, las autoridades del INDEC señalan que la "preeminencia mediática" respecto a la renuncia de la ex directora del IPC, presentada el 29 de enero de este año, se fundamenta en "las expectativas generadas" en la incidencia de ese índice "sobre el CER que ajusta la deuda pública".
La carta señala que la ex funcionaria actualmente se encuentra procesada como coautora penalmente responsable del delito de "falsedad ideológica en concurso ideal con el de defraudación en perjuicio a la administración pública".
Dicha acción judicial se desarrolla por "haber certificado la prestación de horas extras al agente Luciano Belforte, habilitando el pago de las mismas, cuando éste se encontraba en el exterior".
Además, señala que entre los años 2007 y 2008, Bevacqua "no concurrió a prestar servicios durante 403 días" y remarca que durante "todo el período de ausencia, la interesada percibió el 100% de sus haberes, con cargo en el Presupuesto Nacional".
El escrito también hace referencia a la supuesta interferencia, que según Bevacqua, realizó el Gobierno para impedir su inclusión en el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay (INE),en relación al diálogo entre la directora del organismo uruguayo y la dirección del INDEC.
En ese sentido, explica que las consideraciones sobre la situación de Bevacqua de la Dirección del INDEC remitidas a la funcionaria del vecino país hicieron hincapié "en primer lugar en la Ley de Ética de Función Pública Nº 25.188 que refiere que "todos los funcionarios y empleados del Estado deben abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de su funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales".
En ese marco, la dirección del INDEC, acusó a Bevacqua de haber pretendido aparentar ante el Estado Nacional "su incapacidad de trabajar, percibiendo el 100% de su salario, y al mismo tiempo percibir una remuneración vía PNUD por trabajos de consultoría en la hermana República del Uruguay" y agrega que "en nuestro Código Penal, la figura se denomina defraudación a la Administración Pública".
Sobre este mismo tema, el INDEC, remarca la "confusión conceptual" de la ex directora del IPC, por cuanto "una cuestión es que el INDEC brinde asistencia técnica internacional y otra muy distinta es que sus agentes realicen consultorías remuneradas en forma independiente, al tiempo que perciben sus haberes por parte del Estado Nacional".
En otro tramo del escrito se hace referencia a las "anomalías" metodológicas en la elaboración del IPC durante la gestión de Bevaqcua en la que según la autoridades del INDEC, "existió una total falta de resguardo de información confidencial", brindando "en reiteradas oportunidades" esa información a consultoras privadas y posibilitando el acceso a las mismas de personas "ajenas a la institución".
Entre las anomalías metodológicas citan "la utilización de marcas específicas" de productos para los relevamientos de precios, distintas a las habitualmente utilizadas en el cálculo del IPC, "en contraposición con la metodología vigente", la no actualización de las variedades con vistas a reflejar el verdadero consumo de la población, la utilización de parámetros no convencionales, todo lo cual contribuía a generar un valor ficticio.
Aclara finalmente la carta que todas las descripciones formuladas expresan algunas de las anomalías administrativas, presupuestarias, organizativas, metodológicas y éticas que caracterizaron el funcionamiento de ese programa de trabajo hasta enero de 2007.
