El proyecto compuesto por seis artículos, propone entre los objetivos: Promover la realización de prácticas solidarias para la comunidad, retribuyendo de esta manera la formación y los conocimientos adquiridos en este nivel educativo; Estimular el desarrollo y fortalecimiento de valores solidarios, de cooperación y compromiso, ofreciéndoles la posibilidad de trabajar en el desarrollo socio-cultural de la Nación; y posibilitar la participación activa en el tratamiento de las problemáticas sociales regionales, colaborando en la formación e inclusión de jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa firmada por los diputados Jorge Luis Albarracín, Daniel Katz, María Josefa Areta, Genaro Collantes, Cynthia, L. Hotton, José María Roldan, Laura Gisela Montero, José A. Arbo, Norberto Pedro Erro, Juan Carlos Scalesi y Enrique Luis Thomas, menciona que la Practica Educativa Solidaria consiste en la realización de tareas comunitarias afines con la formación en curso u obtenida y que los estudiantes deberán cumplirlo durante un cuatrimestre, a partir del último año de la carrera y en forma previa a la obtención del título.
También establece que las Prácticas Educativas Solidarias serán realizadas bajo la dirección y control de las autoridades educativas de los institutos de educación superior a los que pertenezcan los alumnos y que las autoridades educativas de los niveles insertos en el proyecto, celebrarán convenios con entidades públicas, de la sociedad civil, etc.
Para que los estudiantes puedan llevar a cabo en esos ámbitos las prácticas solidarias, preferentemente las actividades se realizarán en escuelas públicas, hospitales, comedores comunitarios; también en asociaciones vecinales, clubes y sindicatos, entre otros.
La Práctica Educativa Solidaria podrá consistir, también, en actividades de tutoría de jóvenes que participen de diferentes programas sociales de carácter reparador que contemplen la inclusión social, continuidad y finalización del ciclo educativo formal.
Y serán las autoridades educativas las que certificarán el cumplimiento de las prácticas solidarias, teniendo las mismas carácter obligatorio para la obtención de título de grado, títulos profesionales y/o de educación superior equivalentes.
A su vez el proyecto que fue girado a la Comisión de Educación, invita a las entidades del Sistema e Educación Superior a adherir a la presente Ley.
Los legisladores dejaron asentado que consideran que es necesario promover valores de solidaridad, y compromiso en todos los estudiantes que integran el sistema de educación superior. Estos, como otros valores, contribuyen a la formación integral.
Entre los fundamentos, también exponen que la sociedad argentina en su totalidad, contribuye con el pago de sus impuestos a sostener una enseñanza pública y gratuita a la que todos sus ciudadanos pueden acceder en pleno uso de sus derechos. Agregando que desde el reconocimiento absoluto de la autonomía y autarquía de las universidades argentinas, “creemos que se debe generar una responsabilidad social mayor, abordando las diversas problemáticas que preocupan a la sociedad. Consideramos que el sistema de educación superior puede contribuir, no solo con sus trabajos de investigación y usuales actividades de extensión universitaria, sino con el propio servicio solidario de sus estudiantes”.
Por otra parte, también sostienen que esta propuesta de Práctica Educativa Solidaria está dirigida, tanto a aportar los conocimientos generados en el marco de la educación superior en el abordaje de las problemáticas sociales, como a contribuir a que los estudiantes, a partir de estas vivencias, puedan abordar su labor profesional desde una perspectiva abarcadora que permita comprender los procesos sociales en los que se encuentren inmersos. Por ello consideran que sería conveniente, establecer que la Práctica Educativa Solidaria sea de carácter obligatorio para cumplir con un servicio público social.
