"Entiendo que se encuentran reunidas las pruebas necesaria para sostener que Guillermo Andrés Romero participó activamente en la materialización de uno de los acuerdos económicos que permitieron llevar a cabo la maniobra investigada", sostuvo el juez federal Ariel Lijo en su fallo del 23 de diciembre pasado, por la causa 2.645/98.
La pericia judicial concluyó que para ejecutar el pago de las coimas por 106 millones de dólares fue necesario "un sistema que justificara los egresos de grandes sumas de dinero por parte de la empresa Siemens AG y sus filiales", a través de "contratos ficticios por servicios que jamás fueron brindados".
En la operatoria surge el nombre de Romero como apoderado de Socma porque el juez sostuvo que "existió un segundo acuerdo entre los empresarios de la empresa multinacional alemana y aquellos pertenecientes a Socma Americana SA", controlante de Itron SA, la empresa que en los papeles competía con Siemens por la licitación.
En ese sentido, la Justicia puntualizó que el arreglo fue para que el Grupo Macri "no impugne la irregular adjudicación de Siemens It Services", a cambio de que el 26 de mayo de 1999 la multinacional pagara 46.350.024 dólares por el 60 por ciento de Itron, cuando el 30 de mayo de 2003 -en una opción de compra ya acordada- apenas desembolsó 6.300.000 dólares por el 40 por ciento.
De acuerdo a la investigación del magistrado, el acuerdo además "derivó en que Siemens It Services SA incorpore como subcontratista a una empresa del mismo grupo económico -Socma Americana SA-, a través de la sustitución de la empresa Mailfast SA por Correo Argentino SA para la distribución de los DNI".
En su alegato, el ahora secretario de Hacienda de Vicente López había asegurado que no era directivo de Socma Americana SA y que fungió como apoderado, ejecutando encargos, pero sin capacidad de decisión.
Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo no coincidió y señaló que la prueba acumulada "permite tener acreditada la participación de Romero en el acuerdo entre Siemens y el Grupo Socma. Así, su descargo en torno a que sólo fue designado apoderado para suscribir el contrato de venta por el directorio de Socma carece de todo fundamento".
Para la Justicia, fue determinante la disparidad entre lo que los alemanes pagaron por el 60 por ciento del paquete de Itron Inversora y el 0,006 de Itron (la primera, controlante de la segunda) y la cifra que luego desembolsaron por el otro 40 por ciento.
"La notable disparidad de los montos abonados acreditan que el contrato firmado por Romero no significó solamente la venta de un porcentaje de la empresa sino también la contraprestación por no influir en la contratación del Gobierno Nacional de la empresa Siemens It Services", dijo Lijo en su resolución.
"En este sentido, la experiencia y posición que ocupó Romero permiten inferir que el nombrado tenía conocimiento de tal circunstancia", entendió Lijo.
Por eso, la Justicia consideró "reunidos los elementos de prueba suficientes para dictar su procesamiento" sin prisión preventiva pero con un embargo sobre sus bienes de 250 millones de pesos por considerarlo "partícipe necesario del delito de cohecho activo por haber realizado un aporte fundamental en la maniobra investigada".
Luego de las apelaciones, la causa recayó en la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que llamó a audiencia para el 11 de junio.
La situación en el gabinete de Vicente López suma este escándalo a los que se produjeron cuando el secretario de Cultura, Rafael Staffolani, quiso homenajear a Eva Braun, amante de Adolf Hitler, y cuando el secretario de Gobierno, César "Tuta" Torres, fue vinculado en un video a los dos barrabravas acusados por el asesinato de un hincha de Colegiales, a fines de 2013.
Fuente: Télam
