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PROMOCIÓN INDUSTRIAL: EL SENADO EXPRESÓ SU REPUDIO AL GOBIERNO MENDOCINO

La Cámara alta aprobó la ley de adhesión al decreto 699 y ratificó el decreto 651

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad en su sesión de hoy el proyecto de ley a través del cual la provincia de Catamarca adhiere al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que extiende la vigencia de los beneficios promocionales en el impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado determinados por Ley 22010.

(DIARIOC, 18/06/2010) El senador Jorge Agüero fue el encargado de fundamentar la ley en el recinto y tuvo duros términos para con el gobierno de Mendoza. Calificó como “agresiva” la actitud del mismo al haber judicializado “este importante tema buscando a través de recursos de amparo y utilizando para ello a la Cámara de Comercio de San Rafael, que tuviera acogida favorable en el Juzgado Federal con el fallo del juez Héctor Acosta” quien suspendió la aplicación del decreto 699 que a través de este proyecto de ley Catamarca adhiere.

El presidente de la bancada oficialista manifestó que la adhesión a la extensión de este beneficio “está plenamente justificado porque implica el éxito de una intensa, ardua y constante gestión del Poder Ejecutivo Provincial con el acompañamiento de las cámaras empresariales, entre ellas la UICa y entidades como la delegación local de la CGT en defensa del Régimen Promocional instituido por la Ley 22021 que permitió la radicación de proyectos industriales y agropecuarios en todo el territorio provincial, generando miles de puestos de trabajo y constituyendo al desarrollo y crecimiento de Catamarca.

“Sostener la actividad de las empresas ya radicadas  asegurando la continuidad de las fuentes de trabajo, estimular nuevas inversiones, brindar seguridad jurídica y avanzar en el desarrollo, será tarea donde el Estado Provincial deberá actuar cuando elabore el convenio de instrumentación tal cual lo establece el articulo 12 del decreto 699”, indicó Agüero.

El legislador sostuvo que la actitud anti solidaria de Mendoza “proviene de un gobierno que ideológicamente responde teóricamente a los principios de la justicia social y la defensa de los trabajadores y demuestra todo lo contrario”. Agüero dijo que “llama la atención que una provincia que vive de políticas subsidiadas por el Estado Nacional y ha crecido bajo el paraguas del beneficio impositivo para la industria del vino en toda su cadena tanto en la producción de viñedos como de elaboración en bodegas, a costo de todo pueblo argentino, actué en contra de sus hermanas provincias”.


Recordó luego que entre 1968 y 1978 que según el especialista en economía e industrial Américo Clavel, Mendoza por el Programa de Recuperación de Tierras Áridas se benefició por deducción del Impuesto a las Ganancias en un equivalente a 50 mil hectáreas de viñedos, “sumiendo al resto de las provincias en una crisis Terminal de la vitivinicultura”. Sostuvo además que otro beneficio exclusivo para los mendocinos “fue la maña antigranizo y la aplicación de la Ley 21608 de promoción industrial nacional que permitió el desarrollo de Petroquímica Cuyo gracias a los beneficios fiscales e impositivos a lo que hay que agregar, la instalación del Instituto Nacional de Vitivinicultura en esa provincia”.

Agüero recordó las expresiones de Clavel e indicó que “los mendocinos han dictado la política económica nacional en lo que hace a vitivinicultura a través del INV porque siempre pedían los reintegros y se los otorgaban a Mendoza, los cupos para plantar parrales deduciendo impuesto a las ganancias,  se lo dieron a Mendoza. Es por ello que las grandes firmas mendocinas se han hecho al amparo de régimenes industriales”.

Agregó que “de esta forma quedó en claro que el reclamo mendocino no tiene fundamento cuando se habla de falta de equidad con los representantes de la región”.
“El tema es que en la presentación que hicieron los mendocinos nunca contemplaron los beneficios que obtuvieron por otros regimenes promocionales. Se estima que al menos son ocho las medidas nacionales que a lo largo de la historia les dieron a los vecinos del sur, beneficios fiscales  e impositivos que les dio crecimiento sostenido sobre la economía de la región”, enfatizó.

Aseguró luego que “la jugada judicial de Mendoza no es un impulso motivado por reacciones momentáneas, sino que responde a una conducta reiterada del Gobierno de esa provincia utilizando los servicios de un juez permeable a los deseos del gobernante de turno, dado a los antecedentes que posee sobre estos reclamos con fallos contra la provincia de San Juan que le permitió obtener una compensación de 600 millones de pesos. Es decir que el gobierno de Mendoza utiliza magistrados funcionales como primer paso a la extorsión al Gobierno nacional para lograr las ventajas en los temas que les han de dar ganancias”, manifestó. Agregó luego que “los antecedentes, la rapidez insólita de la decisión judicial y el ingreso de la Justicia Federal con asiento en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca en el tema, ha de generar un escándalo jurídico que tendrá que definir la Corte Suprema de Justicia, poniendo en evidencia como se actúa en Mendoza y el vínculo de su gobierno y el magistrado actuante”.

El senador de Paclín indicó que “no siempre es correcto ni conveniente que la divergencia y las opiniones dispares sobre actos institucionales enmarcados en las leyes y en la Constitución sean judicializados porque ello implica politizar la justicia e involucrar ante la opinión pública la figura del Poder Judicial profundizando aún más el descreimiento que sobre él tiene”.

“Los temas políticos deben ser tratados y discutidos en el nivel que corresponde, porque el pueblo con su voto ha elegido y determinados quienes los van a representar”, sostuvo Agüero. Por último indicó que además de aprobar el Senado la adhesión de Catamarca al decreto nacional 699, expresa su más en enérgico repudio a lo planteado por el gobierno de Mendoza “quien al amparo judicial pretende desconocer los derechos adquiridos porque su incapacidad de gestión no da para más”.

Ratificación del decreto provincial

También la Cámara de Senadores ratificó hoy el decreto 651 del Poder Ejecutivo Provincial con fecha del 4 de junio en todos y cada uno de sus términos. El senador Ricardo Boggio sostuvo que “atento al tema del que se trata y que ha dado origen a este decreto que no es otro que consolidar el desarrollo, preservar las fuentes de trabajo, reactivar y estimular la inversión con más generación de empleo mediante la prórroga de los beneficios otorgados por la aplicación de los beneficios del Régimen de Promoción  dispuesto por la Ley 22021 y sus modificatorias (…) no podemos menos que expresar nuestro voto favorable”. “Esta ratificación lleva implícito la voluntad de los legisladores de dar una respuesta positiva a la demanda que el sector agroindustrial ha venido planteando y al mismo tiempo contribuir a dar certeza jurídica y garantía de continuidad a las inversiones y a las fuentes de trabajo presentes y futuras”, señaló el senador.

“Hemos tenido el apoyo de las instituciones privadas de la producción y del trabajo de esta ardua tarea ante el Ejecutivo Nacional y esta ratificación es la coronación de tal esfuerzo”, dijo luego tras “dejar expresamente asentado que esta norma que ratificamos, no implica renunciamiento o desistimiento alguno de los derechos adquiridos ni de los que pudieran hacerse valer en el marco de la Ley 22021 y sus modificatorias”.


Desde el Frente para la Victoria, el senador Daniel Saadi también manifestó su apoyo a ambas leyes por la importancia que las mismas tienen para los catamarqueños en función de las fuentes de trabajo que el sector genera. “Estamos cuidando la fuente laboral de aproximadamente mil catamarqueños”, indicó tras sostener que no solo brindaría apoyo a ambos proyectos como legislador, sino fundamentalmente lo hacía como catamarqueño.


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