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Miercoles 24 de Abril de 2024
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La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de acceso a la vivienda

Un proyecto de ley que facilita la gestión y generación de proyectos habitacionales de urbanización social en la provincia de Buenos Aires y que prevé que los desarrolladores inmobiliarios donen tierras para viviendas sociales, fue aprobado en la Cámara de Diputados bonaerense.
La iniciativa, que ahora debe ser tratada en el Senado provincial, modifica la Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo para "abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, desalentando las prácticas especulativas" sobre la tierra.

La aprobación del proyecto fue celebrada por representantes de organizaciones sociales y de los movimientos Miles y Unidos y Organizados que colmaron los palcos del recinto de la Cámara Baja provincial.

El proyecto contó con el apoyo de todas las bancadas políticas que integran la Cámara de Diputados con excepción del bloque denarvaísta de Unión Celeste y Blanco.

Además de la Ley de Hábitat, los diputados aprobaron un proyecto del legislador del Frente para la Victoria, Alberto España, que habilita al gobierno provincial y a los municipios a afectar tierras fiscales a los fines de su incorporación al fondo Fiduciario Público (programa PRO.CRE.AR).

El proyecto exime además al Fondo Fiduciario Público creado para el Programa Pro.Cre.Ar y al Banco Hipotecario en sus operaciones de los impuestos, tasas y contribuciones provinciales.

También los beneficiarios de este plan no pagarán el impuesto de sellos, tasas, derechos y contribuciones de todo tipo, en lo que sea la constitución de la hipoteca y la escritura.

España explicó que el proyecto de Ley de Hábitat se gestó "con la participación de todos los sectores involucrados y con un importante consenso, como se construyen las políticas públicas".

El legislador agradeció la participación de los Colegios de Escribanos, Arquitectos, Agrimensores, Martilleros y de Universidades y académicos, y agregó que "también se contó con el apoyo de varios obispos de la Iglesia".

España resaltó tambien la labor de "un actor al que consideró central, como lo son las organizaciones sociales que han padecido y militado esta problemática desde hace 30 años y hoy están presentes aquí con nosotros".

Agradeció también la participación y predisposición de los legisladores de la oposición y la calificó como "una ley muy importante que va a transformar la realidad de la provincia de Buenos Aires".

Detalló que el proyecto "no toma al hábitat como un hecho material o físico sino como un derecho, que tienen todos los ciudadanos a tener un suelo y una vivienda digna, tal como lo establecen las constituciones de la provincia y de la Nación".

"Estamos dando una herramienta jurídica e instrumental muy importante al Poder Ejecutivo provincial y a los intendentes", resaltó España, aunque aclaró que "esto no va a ser mágico, sino paulatino, por lo que hay que trabajar y militar por la ley".

El legislador aclaró que la iniciativa "no cercena derechos de nadie sino que los amplía" y explicó que en la charlas que mantuvieron con desarrolladores inmobiliarios "encontramos que la mayoría estaba conforme porque veía pevisibilidad, un futuro reglamentado y más garantías para invertir".

En tanto, la diputada Alicia Sánchez aseguró que el modelo "inclusivo iniciado por Néstor Kirchner y que profundiza Cristina nos puso ante un escenario propicio para encarar nuevos instrumentos que ataquen las causas a los problemas de hábitat".

"No podemos tolerar que el uso de la tierra como mercancía siga estando por encima de las necesidades sociales, y esta ley reivindica las luchas populares por el acceso a las tierras y el hábitat y general justicia social porque mientras no se resuelva esto no habrá justicia ni paz", graficó.

Sánchez detalló que en los años 80 "comienzan a producirse tomas de tierras organizadas como respuesta a la falta de suelo" y precisó que existen "más de mil villas y asentamientos en la región metropolitana".

Señaló que prevé que los desarrolladores inmobiliarios "devuelvan a los municipios un 10 por ciento a partir de los 5.000 metros cuadrados que pueden ser cedidos en tierras o dinero".

Puntualizó que esos fondos "serán destinados a viviendas sociales, obras de infraestructura, equipamiento comunitario y generación de espacios verdes" y dijo que además crea el "Consejo provincial de vivienda y hábitat como órgano de consulta y asesoramiento".

Dijo que además se suspenden por 180 días los desalojos de villas y asentamientos que se inscriban en un registro que crea la ley.
El proyecto "impulsa programas de construcción, autoconstrucción, reparación, remodelación o ampliación de viviendas tanto urbanas como rurales, así como también, fomentar créditos para la mejora de hábitat creando un fondo fiduciario que a través de organizaciones sociales, financiará a aquellos que no pueden acceder al crédito bancario".

Fuente: Télam

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