Fagale y Amato fueron imputadas del delito de desobediencia, regulado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé una pena de quince días a un año de prisión a quien se resista o desobedezca a un funcionario público "en el ejercicio legítimo de sus funciones".
La investigación penal es una derivación de una sentencia dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 63, luego confirmada por la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que suspendió el proceso de renovación de autoridades de UTPBA convocado para el 26 y 27 de septiembre por la falta de acceso al padrón de afiliados.
En esos pronunciamientos, la Justicia ordenó, a la UTPBA la inmediata entrega física del padrón a las listas opositoras, pero el sindicato no cumplió con la orden judicial.
En ese contexto, la asociación sindical convocó el miércoles pasado a nuevas elecciones el 30 y 31 de enero, aunque el cronograma electoral fue impugnado y deberá ser resuelto por la Justicia laboral y el Ministerio de Trabajo.
Las autoridades de la UTPBA tienen sus mandatos vencidos desde el 30 de septiembre y el sindicato funciona con una autorización transitoria otorgada por el Ministerio, que a fin de mes debe resolver su extensión o la designación de un funcionario para "normalizar" la vida interna del sindicato de prensa.
Fuente: Télam
