La medida, según informaron fuentes de tribunales, fue adoptada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien resolvió procesar a Videla, Menéndez y otros 14 imputados por "abuso de poder, usurpación, allanamiento ilegal de domicilio, robo calificado, privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos".
El hecho está vinculado con el secuestro y aplicación de tormentos a 20 personas, entre las que figuran directivos, ex empleados y la principal accionista de la firma Mackentor SA, argumentando que la empresa realizaba aportes a organizaciones subversivas.
Los secuestros se produjeron el 25 de abril de 1977, en distintos puntos de la capital cordobesa, como así también en barrio Villa Urquiza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las víctimas de los hechos fueron Ángel Sargiotto; Alejandro Manassero, su esposa Lelia Norma Rapuzzi; Edgardo Manassero; Carlos Zambón; Julio Héctor Casse y su padre del mismo nombre.
También resultaron secuestrados Emilio Demetrio Virinni; Mariano del Valle Ureña, Miguel Ángel Roque; Alberto Simón Tatián, Hermenegildo Paván y Luis Plácido Paván; Hugo Taboada y Ramón Ramis, todos directivos de la empresa.
Además de los nombrados, también sufrieron la privación ilegítima de su libertad Marta Kejner, principal accionista de la firma Mackentor SA. y los ex empleados de la empresa, Lia Margarita Delgado; Pedro Eugenio Salto y José Miguel Coggiola.
Según el expediente, en todos los casos, tras sus detenciones, las víctimas fueron trasladas al centro clandestino de detención y torturas "La Ribera", en la capital cordobesa, donde fueron sometidos a tormentos en los que eran interrogados sobre un supuesto financiamiento que la firma Mackentor SA. daba a organizaciones subversivas.
En el caso de Kejner, fue sometida a simulacros de fusilamientos y a permanecer alojada durante aproximadamente 10 días en un calabozo de 70 centímetros de ancho con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas.
En esa oportunidad, la principal accionista de Mackentor SA, fue interrogada, además de por el supuesto financiamiento a organizaciones subversivas, sobre la religión que profesaba y la cantidad de acciones que le pertenecían de la firma.
También le preguntaron sobre su vinculación y la de su hermano Natalio Kejner, con los abogados Gustavo Roca y Guillermo Arias, como así también si Natalio se encontraba afiliado al Partido Comunista o realizaba reuniones y comentarios políticos.
Los restantes imputados en la causa son el militar, Ernesto Barreiro (jefe de la sección 1); Hermes Oscar Rodríguez (segundo jefe del destacamento de Inteligencia militar 141); Eduardo Porfirio Rios (personal de la sección 1); José Luis Yañez y Enrique Algredo Maffei (personal civil de Inteligencia del Ejército).
También fueron procesados Jorge Exquiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Diaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tófalo (personal de la Sección 3, Operaciones Especiales), Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero (personal civil de inteligencia `PCI"), y Ángel Corvalán (teniente coronel retirado).
Tanto Videla como Menéndez, junto a otros 29 acusados de cometer el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1), tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 se encuentran enfrentando el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) de la capital cordobesa.
El hecho está vinculado con el secuestro y aplicación de tormentos a 20 personas, entre las que figuran directivos, ex empleados y la principal accionista de la firma Mackentor SA, argumentando que la empresa realizaba aportes a organizaciones subversivas.
Los secuestros se produjeron el 25 de abril de 1977, en distintos puntos de la capital cordobesa, como así también en barrio Villa Urquiza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las víctimas de los hechos fueron Ángel Sargiotto; Alejandro Manassero, su esposa Lelia Norma Rapuzzi; Edgardo Manassero; Carlos Zambón; Julio Héctor Casse y su padre del mismo nombre.
También resultaron secuestrados Emilio Demetrio Virinni; Mariano del Valle Ureña, Miguel Ángel Roque; Alberto Simón Tatián, Hermenegildo Paván y Luis Plácido Paván; Hugo Taboada y Ramón Ramis, todos directivos de la empresa.
Además de los nombrados, también sufrieron la privación ilegítima de su libertad Marta Kejner, principal accionista de la firma Mackentor SA. y los ex empleados de la empresa, Lia Margarita Delgado; Pedro Eugenio Salto y José Miguel Coggiola.
Según el expediente, en todos los casos, tras sus detenciones, las víctimas fueron trasladas al centro clandestino de detención y torturas "La Ribera", en la capital cordobesa, donde fueron sometidos a tormentos en los que eran interrogados sobre un supuesto financiamiento que la firma Mackentor SA. daba a organizaciones subversivas.
En el caso de Kejner, fue sometida a simulacros de fusilamientos y a permanecer alojada durante aproximadamente 10 días en un calabozo de 70 centímetros de ancho con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas.
En esa oportunidad, la principal accionista de Mackentor SA, fue interrogada, además de por el supuesto financiamiento a organizaciones subversivas, sobre la religión que profesaba y la cantidad de acciones que le pertenecían de la firma.
También le preguntaron sobre su vinculación y la de su hermano Natalio Kejner, con los abogados Gustavo Roca y Guillermo Arias, como así también si Natalio se encontraba afiliado al Partido Comunista o realizaba reuniones y comentarios políticos.
Los restantes imputados en la causa son el militar, Ernesto Barreiro (jefe de la sección 1); Hermes Oscar Rodríguez (segundo jefe del destacamento de Inteligencia militar 141); Eduardo Porfirio Rios (personal de la sección 1); José Luis Yañez y Enrique Algredo Maffei (personal civil de Inteligencia del Ejército).
También fueron procesados Jorge Exquiel Acosta; Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Diaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tófalo (personal de la Sección 3, Operaciones Especiales), Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero (personal civil de inteligencia `PCI"), y Ángel Corvalán (teniente coronel retirado).
Tanto Videla como Menéndez, junto a otros 29 acusados de cometer el asesinato de 31 presos políticos en la Unidad Penitenciaria número 1 (UP1), tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 se encuentran enfrentando el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1) de la capital cordobesa.
Fuente: Télam
