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Jueves 28 de Marzo de 2024
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La Ley de Medios se convirtió en un desafío de corporaciones a los poderes del Estado

Alberto Dearriba

La vigorosa disputa por la designación del juez que debe fallar en la causa Clarín dejó de ser una porfía por la democratización de la palabra que impulsa la ley de medios audiovisuales, para convertirse en un desafío de las corporaciones a los poderes del Estado para definir quién gobierna la Argentina, si quienes fueron elegidos democráticamente, o los poderes fácticos, a los cuales nunca se vota.
Tres años después de sancionada con holgada mayoría en ambas cámaras legislativas nacionales, la ley de medios audiovisuales no tiene aún aplicación plena para todos los actores mediáticos, en virtud de la medida cautelar dispuesta por un magistrado para proteger al grupo más concentrado del proceso de desinversión previsto en el artículo 161 de la norma.

La Corte Suprema de Justicia le puso un límite a ese paraguas que expirará el 7 de diciembre próximo, con lo cual las empresa mediáticas que excedan los topes de señales autorizadas por la ley, deben presentar antes de esa fecha sus planes de adecuación. Desde entonces, la puja corporativa se agudizó.

De las 5.000 señales de radio, televisión abierta y por cable, 4.500 pertenecen a personas o empresas que no superan el tope de la ley, 250 son de titulares que aceptaron adecuarse al nuevo régimen legal y otras tantas pertenecen al Grupo Clarín, que se niega a aceptar la norma y halló en los pliegues de la justicia, martingalas legales para mantener su posición dominante.

A menos de dos meses del vencimiento del paraguas cautelar que protege al grupo, la presidenta de la Nación tuvo que reiterar enérgicamente la obviedad de que todos deben cumplir la ley, pero Clarín sostiene que en el peor de los casos, comenzaría a correr el 7 de diciembre, el plazo de un año para el proceso de desinversión previsto en el artículo 161.

El oficialismo sostiene que para asegurarse que la causa sea resuelta por un juez accesible, el grupo Clarín consiguió que sus aliados de la oposición de la UCR y el Pro en el Consejo de la Magistratura, bloqueen la designación del magistrado natural mediante concurso.

La Cámara designó entonces subrogante al juez jubilado, Raúl Tettamanti, que renunció luego de que el ministro de Justicia, Julio Alak, calificara su nombramiento como una maniobra y advirtiera además sobre su "altísima gravedad institucional".

Tras la dimisión de Tettamanti, la Cámara designó entonces al frente del juzgado federal 1 -el que entiende en la causa- al juez subrogante Roberto Raúl Torti, que también será recusado por el oficialismo en virtud de que ya falló a favor de Clarín cuando el gobierno declaró la caducidad de la licencia de Fibertel y, fundamentalmente, por entender que un fallo tan sensible debe ser producido por un juez natural, es decir designado mediante concurso.

Tras la exhortación presidencial al cumplimiento de la ley y la severa calificación del bloqueo en el Consejo de la Magistratura por parte de Alak, el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, dijo en un coloquio que "Clarín prefiere tratar de voltear un gobierno antes que cumplir la ley".

En el oficialismo, se percibe la resistencia de una corporación al cumplimiento de una ley sancionada con holgada mayoría en el Congreso, como un desafío a la democracia. Ya no se trata sólo de cumplir con el objetivo central de la norma como es lograr pluralidad informativa, sino de una batalla más del histórico enfrentamiento entre los poderes fácticos, los que no se votan, con los poderes de la República. Para el Gobierno, no existe viabilidad para profundizar la democracia y profundizar el proceso de mayor justicia social si no se desmonopolizan los medios.

La cuestión tendrá nuevas expresiones durante la semana que comienza, ya que se producirá seguramente la recusación del segundo juez subrogante y no es improbable que, según trascendió, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia dialoguen con los representantes de la justicia en el Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, Mario Fera y Alejandro Sánchez Freytes.

Por otra parte, el oficialismo insistirá en el Consejo de la Magistratura con habilitar el proceso de designación de cinco magistrados, entre los que se cuenta quién debería ocupar el juzgado N 1 en el cual se resolverá la causa Clarín.

Más allá de cómo concluya la porfía, detrás de los tironeos de los mecanismos institucionales, se agita, obviamente, la resistencia de los poderes fácticos a aceptar un proceso de transformaciones que afecta sus privilegios.

Fuente: Télam

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