A principios de mes, el jefe de la Policía, comisario Julio César Suárez, defendió un comunicado en el que la fuerza había respaldado a dos agentes que "debieron repeler estas agresiones, de estos chichos, jóvenes delincuentes".
Suárez se refería a Lautaro Torres (16), muerto el 19 de abril pasado en el barrio Las Palmas, y según la Policía todo sucedió en un episodio en el que la agente Eliana Rinaudo, que no llevaba uniforme, caminaba y el joven armado intentó robarle el celular.
No obstante, según los familiares de Lautaro, el adolescente de 16 años corría por la calle, mientras se dirigía a comprar una tarjeta de teléfono, cuando la mujer le disparó por la espalda.
Suárez también aludía a Ezequiel Barraza (20), que cayó muerto a causa de cuatro balazos en la madrugada del 24 de marzo pasado, en el barrio 1º de Mayo, hecho por el cual está imputado un miembro de la división Homicidios de la Policía, Pablo Alvarez.
Barraza fue ultimado cuando Alvarez estaba, junto a su novia, en un auto, ocasión en la que, según la Policía, fueron abordados por dos presuntos asaltantes en sendas motocicletas, a raíz de lo cual se generó un tiroteo entre Alvarez, que aunque vestido de civil estaba armado, y los supuestos asaltantes, ocasión en la que Barraza cayó malherido y luego murió.
En cambio, Lorena Barraza asegura que a su hermano "lo mataron a quemarropa", dado que en el cuerpo había señales "de balazos, en los glúteos, en la espalda, en la ingle y en el abdomen".
El caso más reciente se produjo el lunes de la semana pasada al mediodía, cuando Cristian Guevara (18) fue detenido, presuntamente por un arrebato, y fue trasladado a la comisaría 19, de barrio Los Naranjos, y horas después apareció muerto en una de las celdas, supuestamente ahorcado con una manta, según la Policía, pero los familiares responsabilizan a los agentes del establecimiento.
El jueves pasado, el fiscal Carlos Matheu ordenó la detención de dos miembros de la Policía imputados de haber agredido a un joven discapacitado, al confundirlo con manifestantes, durante los incidentes que desataron hace diez días cuando la Legislatura discutía el proyecto de nueva ley ambiental provincial.
Por su parte, durante el fin de semana, la propia Policía informó que decidió desplazar a otras comisarías e iniciarles una investigación administrativa a dos agentes que, en Río Segundo, localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital provincial, fueron denunciados por vecinos de concretar allanamientos ilegales.
Asimismo, el 5 de junio, efectivos de la Policía cordobesa mantuvieron, durante varias horas, a 41 personas sentadas y esposadas en la vía pública, con las caras cubiertas por las capuchas de sus camperas, luego de haberlas detenidas por supuestos delitos o contravenciones, según un video difundido.
Los hechos se produjeron en el barrio San Jorge, en el marco de una serie de allanamientos y de un operativo que terminó con la detención de "41 personas, 12 por delitos y el resto por infracciones al Código de Faltas", según la propia Policía.
La asiduidad de hechos similares hizo que, sólo en junio, los días 6 y 19, familiares de víctima de la Polícía concretaran sendas marchas por la calles de la capital cordobesa para denunciar las políticas represivas del gobierno de José Manuel de la Sota.
Fuente: Télam
