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Viernes 29 de Marzo de 2024
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La Procuración negó un allanamiento y aclaró que un peritaje técnico "descartó una intromisión

La Procuración General de la Nación (PGN), cabeza del Ministerio Público Fiscal, salió al cruce de versiones sobre un allanamiento en sus oficinas de la avenida Belgrano al 900, de la Capital Federal, y sostuvo en cambio que se trató de "un pedido de información y un peritaje técnico" cuyo resultado " fue completamente negativo".
El objetivo de la pericia sobre los sistemas informáticos de la institución había sido pedido por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral a solicitud del fiscal Guillermo Marijuan "para comprobar si los mismos permiten el acceso a computadoras de fiscales o funcionarios situadas en otras dependencias".

"El resultado de esta evaluación fue completamente negativo. Las pruebas solicitadas demostraron a los dos peritos presentes que es materialmente imposible acceder a las terminales desde el servidor o desde otras computadoras", indicó el organismo que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó.

"Por lo tanto, no puede existir ningún tipo de intromisión mediante la red informática del organismo", indicó el comunicado de la PGN, para quien "quedó descartada cualquier tipo de intromisión" del organismo en la labor de fiscales.

La medida fue pedida en el marco de una denuncia realizada por el fiscal de instrucción de la ciudad de Buenos Aires, César Augusto Troncoso, quien afirmó que expedientes bajo su dominio habían sido espiados.

Luego de la denuncia de espionaje de Troncoso, 250 personalidades y organismos de derechos humanos y de género salieron en respaldo de la fiscal Romina Pzellinky, cuya actividad fue denunciada como irregular.

"Ante la deliberada operación de desinformación y tergiversación destinada a desacreditar la tarea que lleva adelante el Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, las personas y organizaciones abajo firmantes deseamos manifestar nuestro respaldo hacia el Programa; su titular, Romina Pzellinsky, y en general la política criminal en materia de violencia de género impulsada desde la Procuración General de la Nación".

Entre los firmantes figuran Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Fundación María de los Ángeles, Comunidad Homosexual Argentina (CHA); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP); Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y la Asociación Mujeres Penalistas de la Argentina (AMPA).

Algunos de los particulares en respaldo de Pzellinsky son Victor Abramovich, Luis Alén, Dora Barrancos, Eva Giberti, Gabriel Lerner, Virginia Gonzalez Gass, Pablo Ferreyra, Susana Trimarco, Nelly Minyersky, Alicia Ruiz, Estela Días y Daniel Morin.

"La Procuración General desmiente que haya existido ningún tipo de injerencia indebida sobre la actividad de los magistrados que forman parte de este Ministerio Público", reiteró hoy la PGN.

Simultáneamente resaltó que el denunciante "se encuentra sometido a un proceso disciplinario" a raíz de una denuncia realizada por la jueza Wilma López en el año 2011 debido a la actuación de Troncos en diversos expedientes por violencia de género.

En 2012, el Ministerio de Seguridad sumó una nueva presentación contra Troncoso por la negativa a investigar y el intento de archivar una causa que involucró a funcionarios de la Policía Federal.

En mayo de 2013, luego de que emitiera opinión el Consejo Evaluador, se inició el sumario disciplinario a cargo del fiscal titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Marcelo Colombo, quien una auditoría de la fiscalía para verificar la veracidad de las denuncias.

En el marco de estas actuaciones, Colombo dio intervención al Programa de Género del MPF, a cargo de Romina Pzellinsky, quien en su informe consideró que "la actividad de Troncoso resultaba contraria a la política criminal definida por la Procuración".

Dicho informe verificó "la existencia de un patrón discriminatorio que llevaba en la mayoría de los casos al archivo sin investigación o al pedido de sobreseimiento de los acusados.

El Programa de Género fue creado en noviembre de 2012 para hacer un seguimiento de todas las causas, al tiempo que recibe copia de los legajos de la Oficina de Violencia Doméstica, de acuerdo al convenio firmado con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuente: Télam

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