La resolución destaca que en "octubre de 1975, el gobierno nacional dispuso la intervención de varias universidades, entre ellas la UNLPam y el 13 de noviembre de ese mismo año la ya constituida Subzona 14 comenzó a perseguir estudiantes, profesores y no docentes en nuestra Casa de Estudios a través de precisas redes de delación y órdenes de detención, prescindencia, cesantía u hostigamiento personal".
En los fundamentos agrega que "la UNLPam como institución cuenta con un número elevado de personas integrantes de la comunidad universitaria que fueron blanco específico de la represión ilegal desatada entre fines de 1975 y diciembre de 1983, en el marco del terrorismo de Estado".
Por último sostiene que "éstos hechos se evidenciaron, entre otros, en la intervención militar de las autoridades legalmente constituidas en la UNLPam, el desmantelamiento del Instituto de Estudios Regionales, la clausura de distintos programas de bienestar universitario y el secuestro y tortura de estudiantes, docentes y autoridades".
La primera etapa del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Subzona 14 con jurisdicción en La Pampa se llevó a cabo en 2010, y terminó con nueve represores condenados (ocho policías y un militar).
Fuente: Télam