El martes de la semana anterior, la CPM, un organismo oficial para la defensa de los derechos humanos que funciona en el ámbito de la provincia de Buenos Aires desde 2000, se presentó como querellante ante el Juzgado de Instrucción 1 de La Plata para darle impulso a esta incipiente investigación.
Presidida actualmente por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la Comisión tiene su sede en el edificio donde durante más de cuatro décadas estuvo ubicada la sede central de la Dippba, en la calle 54, en pleno centro de la capital bonaerense.
"La ley que dio origen a la CPM establece que debemos prestar asistencia en los procesos en los que se investigan los delitos de lesa humanidad. Así lo hicimos durante los juicios de la Verdad, que se llevaron a cabo durante la década pasada y por eso intervenimos ahora", explicó Raggio.
Creada en 1956, y jerarquizada por todos los gobiernos militares que se sucedieron hasta 1983, la Dippba era el organismo de inteligencia más importante que operaba en el territorio bonaerense.
Esta dependencia policial tenía 16 delegaciones esparcidas sobre la provincia y tenía más de 1000 agentes que llegaron a elaborar, hasta su disolución, en 1998, cerca de 460.000 fichas sobre la vida de ciudadanos que eran vigilados por sus actividades políticas, sociales y gremiales.
"Sus agentes se infiltraban en empresas, gremios, sociedades de fomento y clubes de barrio. Trabajaban con un lema 'Hay que investigar a todos, sobre todo a los buenos, porque en algún momento dejan de serlo'", indicó la historiadora.
Durante la última dictadura cívico militar, el entonces coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, le dio a la Dippba estatuto de dirección general y la colocó directamente bajo su órbita.
Toda la información que la Dippba recolectó en los años del terrorismo de Estado pasó a manos del represor y ex comisario Miguel Etchecolatz -condenado hoy en varias causas de lesa humanidad-, y quien se encontraba al frente de la Dirección General de Investigaciones de esa fuerza de seguridad.
En un juicio que se llevó a cabo en 1984 en los tribunales castrenses para investigar las violaciones a los derechos humanos producidas durante la última dictadura, Camps declaró que "todas las operaciones que ordenó en el marco de la lucha contra la subversión se basaron en información suministrada por la Dippba", señaló.
"Fueron espiados estudiantes, políticos, dirigentes sindicales y tras el golpe de 1976, muchos de ellos resultaron secuestrados y hoy permanecen como desaparecidos, en La Plata y en toda la provincia", fundamentó Raggio.
En la sentencia del juicio que se realizó por el Circuito Camps, en 2013, el tribunal consideró que se debía avanzar sobre el aparato de inteligencia del Estado, y esa resolución es la que le otorga sustento a este proceso que se abre sobre la Dippba.
"Los legajos de los agentes de esta dirección están en poder de la justicia. Ahora tenemos que trabajar para establecer la prueba y fundamentar las acusaciones sobre ellos", subrayó la investigadora.
El trabajo que la CPM realizó con la desclasificación de este archivo de inteligencia permitió fundamentar pruebas en varios procesos de lesa humanidad y suministrar información a las Comisiones de la Verdad de Brasil.
En la actualidad, documentos referidos a la causa AMIA y confeccionados por agentes de la Dippba son analizados por los integrantes de la Unidad Fiscal que investiga el atentado terrorista que sufrió la mutual judía en 1994.
Fuente: Télam
