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Jueves 28 de Marzo de 2024
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La decisión política de abrir los archivos transparenta la acción del Estado

La desclasificación de archivos confidenciales impulsada por el gobierno nacional en causas que atravesaron el corazón del pueblo argentino como el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, la Guerra de Malvinas, y el Plan Cóndor, establecen una política de apertura informativa de cara a la sociedad con el fin de transparentar el pasado en pos de un presente y un futuro distinto.
Además, las decisiones se enmarcan en la idea de generar una "nueva doctrina de la inteligencia argentina, donde los ciudadanos se sientan cuidados y no espiados", explicó el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli.

Miles de grabaciones, informes de agentes en estaciones del exterior y todo el país, así como cables de las embajadas argentinas y de la región reconstruyen la historia desde distintos organismos oficiales gracias a la decisión política de presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ejecutada por los ministros desde las diferentes áreas.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, contó a Télam que la desclasificación "aumenta la transparencia de las acciones del Estado al permitir que los archivos estén al servicio del conjunto de los argentinos" y evaluó que es un "fomentador enorme en la construcción de la memoria histórica del país".

"La experiencia de haber puesto a disposición de los ciudadanos en la página www.archivosabiertos.com, la totalidad de las 280 actas secretas que encontramos, vinculadas a reuniones que realizó la junta militar tiene una dimensión importantísima", ejemplificó el funcionario y precandidato presidencial.

Respecto de la Guerra de Malvinas, el 25 de enero de 2012, la Presidenta anunció la creación de una "comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del Informe Rattenbach", que evaluó el desempeño de las Fuerzas Armadas sobre el conflicto bélico, y el 7 de febrero de ese mismo año anunció el levantamiento del secreto sobre el Informe,
información a la que se le sumaron datos de los archivos desclasificados del
Reino Unido referidos a cómo se gestó la guerra.

Asimismo, ayer la Presidenta, en el marco del acto por el 33 aniversario del inicio del conflicto bélico, anunció la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas sobre el hecho.

Sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, contó a Télam que "siempre hemos solicitado la desclasificación y la digitalización, no sólo en la Argentina sino también en todos los países".

"Se lo pedimos a todos los gobiernos, recorrimos las embajadas de Italia, EEUU y Francia esperanzadas en que en el marco del paso de personas refugiadas previo al exilio dejaran su testimonio. Italia completó la entrega de los archivos a la Cancillería así como los países de la región en referencia a lo que fue el Plan Cóndor", dijo Carlotto.

Así fue como el canciller Héctor Timerman recibió en el Palacio San Martín a la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Italia, Marta Dassú, el 3 de octubre de 2012, quien le entregó los archivos diplomático-consulares italianos desclasificados, unos 60 expedientes conservados en la Embajada de Italia en Buenos Aires, concernientes a la desaparición de 60 ciudadanos de origen italiano.

En tanto, el 6 de diciembre de 2012 Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo y el 25 septiembre 2013 la Cancillería presentó una Guía de Archivos y Fondos documentales sobre Coordinaciones Represivas del Cono Sur, elaborada por el Instituto de Políticas Públicas del Mercosur (IPPDH).

La guía reúne información relativa al contenido y a las condiciones de acceso de 115 fondos documentales de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

Martín Almada, premio Nobel Alternativo de la paz y descubridor de los archivos del Nido del Cóndor en una comisaría en Asunción, también aportó a la memoria sobre el pasado, y relató a Télam que la información que encontró "permitió aportar pruebas contundentes a la justicia de diferentes países".

Más recientemente, en lo referido al atentado a la Embajada de Israel, la Presidenta twitteó el 19 de marzo pasado que "ni bien la Corte lo solicite" se desclasificará la información tal como se hizo el 12 del mismo mes en lo referido al atentado a la AMIA gracias al decreto que estableció la necesidad de conocer la "totalidad de la información" clasificada y estipuló que los datos que estaban "en custodia" de la Unidad Fiscal especial que llevaba el caso pudieran difundirse a fin de "conocer toda la documentación existente, así como la adicional" seleccionada en el ámbito de la las ex SIDE y la actual AFI.

Según fuentes cercanas a la causa, en el caso AMIA los archivos ocupan "diez depósitos de veinte metros de lado por diez metros de fondo, con cajas en estantes desde el piso hasta el techo".

En tanto, hace una semana, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, presentó las actas secretas del directorio durante la dictadura, que abarcaron del 14 de enero de 1982 al 7 de diciembre de 1983.

"Previo a ese lapso no se encontró documentación por lo que se cree que se eliminaron los registros que van desde 1976 a 1981 correspondientes a operaciones de la deuda externa , lo que implicó que en los 80 y 90 cuando se realizó la reestructuración de la deuda, se haya hecho con los documentos de los bancos acreedores", explicó Vanoli a Télam.

En octubre del año pasado la Cancillería desarrolló un buscador para internet con 5.832 documentos y resoluciones secretas, desclasificadas (de los años 2009, 2011 y 2014) producto de la labor de la Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica que se puede consultar en la dirección http://desclasificacion.cancilleria.gob.ar.

Fuente: Télam

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