En el informe que llegó a manos de la diputada en diciembre de 2.009 consta que en los siguientes organismos hay personas con capacidades diferentes trabajando; Ministerio de Salud; Dirección de Farmacia Central; OSEP; Dirección de Sistema de Atención Medica de Emergencia; Dirección Provincial de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad; Centro de Rehabilitación Nivel II Ampliado y Dirección Provincial de Minería. Lo que evidencia que en el resto de los organismo públicos de la provincia no se esta cumpliendo con lo pautado en la Ley Nacional y Provincial.
“Si el Estado asumiera realmente el compromiso de hacer respetar estas leyes, muchas personas que tienen capacidades diferentes podrían acceder a una fuente de trabajo que les está garantizada. Cumplir con estas obligaciones es dignificar a estas personas y a su familias; también una forma de constituir un espacio de contención e integración”. Opinó la diputada.
A modo de conclusión Buenader expresó que es una vergüenza que en pleno siglo XXI el Estado Provincial no vele por los derechos de los ciudadanos, sobre todo por “aquellos que se encuentran más vulnerables”. Asimismo se cuestionó: ¿Estaríamos frente a un acto de discriminación?