Se trata de la denuncia promovida por el fiscal de la Cámara de Casación Raúl Pleé, quien además preside la Fiscalía especial que combate delitos vinculados al lavado de dinero. De acuerdo a reportes de las operaciones calificadas como “sospechosas”, Sergio Schoklender tenía un “poder general amplio” de la Fundación para abrir y cerrar cuentas bancarias, librar y endosar cheques, girar en descubierto” y firmar lo necesario para el movimiento de cuentas corrientes, dice el dictamen al que tuvo acceso Infobae.com.
El fiscal reclamó también que, como medida “cautelar” Oyarbide ordene la inhibición para modificar cualquier situación accionaria de una veintena de empresas mencionadas en el dictamen. Di Lello pidió que se investiguen “presuntos manejos irregulares” en obras en la Ciudad de Buenos Aires y en distintas provincias financiadas con fondos nacionales y ejecutados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Además de hermanos Schoklender aparecen implicados en el pedido de investigan Alejandro Abraham Gotkin, Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Adrián Serventich, Leonardo Alejandro Hubscher, Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García.
Di Lello, en un extenso dictamen, sostuvo que de los datos y documentación aportados por la Unidad de Información Financiera (UIF) “se ha construído una hipótesis delictiva en la que se presume el desvío de fondos públicos que eran administrados porla Fundación Madresde Plaza de Mayo a través de su apoderado Sergio Mauricio Schoklender”.
Los fondos, originados en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaríade Obras Públicas de Ministerio de Planificación Federal de la Nación “habrían sido enviados ala Fundación” en el marco de programa para la construcción de viviendas. “El desvío habría consistido en maniobras que realizara el apoderado de dicha fundación, Schoklender y/o cómplices, direccionando los fondos hacia la empresa Antártica Argentina S.A. u otras, habilitando la libre disposición de los mismos por parte de Alejandro Gotkin”, dice el dictamen.
Según estima el fiscal, desde setiembre de 2009 se realizaron varios depósitos por sumas de hasta 1.308.013,13 pesos, alguno de ellos debitado en sus totalidad para el pago de haberes, lo que fue denunciado porque “los empleados verificados ascendían a72”lo que “el promedio de haberes ascendería a 8.541,70 pesos. Un oficio remitido por la UIF a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) arrojó que la nómina de empleados de la fundación ascendía a 5.139 personas.
El fiscal también sostuvo que la investigación debe incluir a las empresas Stylo Car S.R.L., Regie Royale S.A., Meldorek S.A., Gorlac S.A., Expedition S.A. Fun Pro S.R.L., Sabero Argentina S.A., Armorin Systems S.A., Sky Performance S.A., Urban Constructios S.A., Itrnet Systems S.A., La Mailu S.A., Partner Human Resources S.A., Tagle Security & Investigación S.A., Envío Express S.R.L. y Monetización S.A.
Una veintena de medidas de prueba fueron requeridas por la fiscalía, entre ellas, pedidos de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Registro de la Propiedad Inmueble y de Aeronaves para que indiquen los bienes registrados a nombre los involucrados.
También solicitó a Oyarbide el levantamiento del secreto fiscal respecto de los denunciados y allanamientos en dependencias que se mantienen en reserva a fin de no entorpecer la investigación.
Por otra parte, pidió que se averigüe si Sergio Schoklender tiene una causa por estafa y amenazas en Resistencia, iniciada por denuncia del dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados Emerenciano Sena, de acuerdo al dictamen. (Infobae)
