En los fundamentos Mera alegó: “...la falta de espacios de participación de la ciudadanía, la corrupción generalizada y estructural, así como las deficiencias evidentes en la eficaz gestión de gobierno, son algunas de las causas que nos ponen frente a la necesidad de regular un derecho que, por no contar con los procedimientos pautados para su ejercicio, se pierde en los bienvenidos pero insuficientes principios que subyacen a la enunciación del principio de la publicidad de los actos de gobierno, el derecho de peticionar a las autoridades públicas o una interpretación generosa pero no generalizada del derecho a la libre expresión.”
“La libertad de acceso a la información es el mejor antídoto contra la corrupción en los gobiernos e, indirectamente, es una estrategia efectiva para mejorar su gestión”, aseveró.
“Lamentablemente, la carencia de información pública se ve agravada por el hecho de que la ciudadanía, en general, no está acostumbrada ni reconoce que esa información le pertenece. Tampoco es consciente del derecho que tiene a solicitarla y a que le sea brindada. Esta actitud del estado y de los ciudadanos se traduce en prácticas culturales que se transfieren a diseños institucionales y normas que resultan en un obstáculo que impide a la ciudadanía solicitar información y, muchas veces, también crea las condiciones para que la administración no pueda brindarla. En muchos países, como el nuestro, el derecho a la información resulta reconocido implícita o explícitamente en la Constitución Nacional, pero la posibilidad de lograr hacer efectivo su ejercicio depende de la discrecionalidad del funcionario al que se la solicite” afirmó.
El legislador criticó veladamente la falta de información de este gobierno hacia la ciudadanía “Remitamos las Publicaciones que realizara el Ministerio de Obras Publicas por los “Mil Días de Gestión”; se cuentan mas de cuatrocientas paginas a todo color en una calidad de papel óptima donde hasta se imprimen en algunos casos imágenes virtuales existentes solo en la mente del diseñador gráfico y donde se omite todo tipo de información de la obra”, ejemplificó.
“Esta ley no pretende limitar en absoluto las funciones del estado sino por el contrario, el Estado debe Publicar sus Actos pero debe hacerlo en forma completa y clara para que TODOS sepan quienes son los ejecutores de una obra, cuanto tiempo llevó su realización, cuanto costó al erario publico y cual fue el monto real de presupuesto”, justificó.
“Ante un Estado como este, donde se contratan paginas completas de diarios para realizar propaganda solo con fotografías de las obras, una pagina web que no tiene información actualizada alguna respecto de los decretos, resoluciones y demás actos de administrativos que realiza, donde no existe forma de ver la ejecución presupuestaria sino tres días antes de que; entre grillos y medianoche se exija la aprobación del presupuesto siguiente; legislar en consecuencia sería un acto de justicia para con la constitución provincial”, afirmó.
