La orden de la Corte Suprema de Justicia se produjo al rechazar una presentación atípica del grupo Clarín, que acudió directamente al máximo tribunal para solicitar la extensión de la medida cautelar que puso un paraguas protector sobre los intereses del grupo mediático más concentrado del país.
Fue otro traspié para el grupo Clarín, que debió dar marcha atrás en su intento de acusar judicialmente a los periodistas Sandra Ruso, Roberto Caballero y Javier Vicente, luego del escándalo que desató la denuncia penal por supuesta incitación a la violencia.
Para los funcionarios kirchneristas ya no se trata sólo de la aplicación de una ley antitrust, sino del triunfo de la política y las instituciones sobre las corporaciones económicas que, en estrados permeables, logran eludir las normas vigentes, con chicanas judiciales o argucias legales.
Mientras observaba el desarrollo del pleito con Clarín, el Gobierno recibió con preocupación la noticia de que el juez de Nueva York Thomas Griesa, había condenado a la Argentina a pagar el ciento por ciento a los fondos buitres que litigan en la justicia para obtener jugosas ganancias por los títulos de la deuda externa que compraron a precio de baratija.
La cuestión se dirime en los tribunales norteamericanos como una garantía de "seguridad jurídica", que el neoliberalismo le entregó a los banqueros internacionales a cambio de préstamos cada vez más onerosos, que servían para mantener una paridad cambiaria ficticia.
La sentencia de Griesa resultó totalmente incongruente con los fallos que avalaron las renegociaciones encabezadas en 2005 por Néstor Kirchner y en 2010 por Cristina Fernández, en las que se lograron rebajas del 70 por ciento en los bonos que se hallaban en default, desde la cesación de pagos decretada en 2001 por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá.
La Argentina no hubiera podido cumplir con el fallo de Griesa que obligaba al país a pagar 1.330 millones de dólares al contado el 15 de diciembre próximo, no porque no tuviera las reservas necesarias para hacerlo, sino porque desataría una catarata de quienes negociaron quitas que le ahorraron al país unos 70.000 millones de dólares.
Pero si no hubiera acatado esa sentencia el país hubiera caído nuevamente en default, con el agravante de que en 2001 se produjo por agotamiento y ahora hubiese sido el producto de una decisión soberana del tipo que encrespan a los centros financieros mundiales.
Sin embargo, el alivio llegó luego de que la Argentina apelara la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que decidió suspender el fallo de Griesa y abrir una nueva negociación el 28 de febrero, cuando deberán comparecer ante ese tribunal los abogados del fondo buitre que lidera el asesor del Partido Republicano de los Estados Unidos, Paul Singer.
Para renegociar la deuda con los fondos buitres que quedaron fuera del canje, el Gobierno deberá enviar un proyecto de reapertura de la ley cerrojo al Parlamento, durante el verano que amenaza con tener elevadas temperaturas.
En lugar de tener que pagar 1.330 millones de dólares al contado el 15 de diciembre, el Gobierno espera que ese día se produzca un fallo favorable a la liberación de la fragata Libertad en el Tribunal del Mar, por considerar que la embarcación es un buque de guerra y por tanto inembargable.
Esta nutrida agenda tribunalicia parce indicar que la suerte de los argentinos se resuelve judicialmente. Pero está claro que tanto las cuestiones que se dirimen en tribunales nacionales como internacionales, Poseen un indudable contenido político.
"Que nadie se confunda con lo que tenemos a partir de la presentación de la justicia americana, no es judicial, sino eminentemente político", advirtió la presidenta Cristina Fernández al lanzar una nueva etapa de plan Procrear.
Fuente: Télam
