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Sabado 20 de Abril de 2024
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La represión era funcional tanto al gobierno militar, como a los dueños de estas grandes empresas

El fiscal acusador en la megacausa Campo de Mayo, Marcelo García Berro, se refirió al inicio del juicio por la desaparición de trabajadores fabriles de la zona norte del conurbano y apuntó contra las responsabilidades empresariales al señalar que "la represión era funcional tanto al gobierno militar como a los dueños de estas grandes empresas".
En el marco de la "Megacausa Campo de Mayo", el martes 8 de julio pasado el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín comenzó a juzgar al ex dictador Reinaldo Benito Bignone y a otros diez acusados de cometer delitos de lesa humanidad contra obreros de fábricas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires y, en algunos casos, contra sus familiares.

Marcelo García Berro es uno de los fiscales que acusa a 11 represores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio en perjuicio de más de 60 víctimas de la última dictadura.

El proceso se extenderá hasta octubre o noviembre próximos, según estimaciones, y podrá en su desarrollo recibir además la "causa Ford"


En una entrevista realizada hoy por el diario Página/12, García Berro analiza el potencial que surge en la unificación de las causas y señala que esto permite "una comprensión más clara y ordenada de cómo, en definitiva, el obrero también fue transformado en enemigo, no siempre porque para las autoridades militares lo fuera, sino porque lo eran de sus patrones".

En este sentido, opinó que "la represión era funcional tanto al gobierno militar como a los dueños de estas grandes empresas", a la vez que destacó que con el avance de la causa es factible "encontrar puntas que permitan efectivamente mandar a investigar y luego someter a juicio a las personas que formaron parte de esta pata civil".

En las audiencias orales y públicas serán debatidas sucesivamente seis causas que agrupan 23 casos con más de 60 víctimas, en su mayoría trabajadores (y en algunos casos sus familiares) de los astilleros Astarsa y Mestrina, de los establecimientos ceramistas Cattáneo y Lozadur y de la metalúrgica Bopavi.

El proceso se extenderá hasta octubre o noviembre próximos, según estimaciones, y podrá en su desarrollo recibir además la "causa Ford" si la Cámara Nacional de Casación Penal se pronuncia a tiempo sobre nulidades planteadas por la defensa de los acusados, ya rechazadas por el Tribunal y por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Télam

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