Ley de Protección de Glaciares: el delicado equilibrio entre el medio ambiente y las economías provinciales sustentables

(DIARIOC, 28/09/2010) La senadora kirchnerista Marina Riofrío (FPV San Juan) adelantó su postura en defensa de las economías provinciales resguardando el medio ambiente y resaltó que “la reforma constitucional de 1994 introdujo a la carta fundamental el artículo 124 que expresa en forma clara e inequívoca que: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. En consecuencia, cualquier norma que prohíba indeterminadamente actividades en ciertos ámbitos geográficos provinciales estaría atentando contra las jurisdicciones provinciales y su desarrollo económico”.

Por otro lado Riofrío destacó: “No es cierto, como se dice, que las zonas con glaciares se encuentren actualmente desprotegidas. Los glaciares están protegidos por leyes vigentes de carácter nacional como la ley de contenidos mínimos para la defensa del Medio Ambiente, ley 25.675 y en San Juan por la ley 8.144 de Protección de los Glaciares en la Provincia. También encontramos leyes similares en otras provincias, por lo que no puedo aceptar que so pretexto de proteger los glaciares se conspire contra el desarrollo efectivo, necesario y justo de las provincias cordilleranas. Ocurre que, lamentablemente, en este tema se ha planteado una falsa antinomia entre el impacto económico de esta ley y la cuestión ambiental en función de un apego irrestricto a posiciones ideológicas un tanto extremas”.

Con respecto a la actividad minera, eje estratégico del diseño de desarrollo y crecimiento para la provincia de San Juan porque como manifiesta el gobernador de su provincia José Luis Gioja “el 80% del territorio provincial está cubierto por terrenos montañosos, conformados por distintos ambientes geológicos, propicios para albergar diferentes tipos de mineralización y por tanto diferentes depósitos de minerales, algunos de interés económico y otros no”, la senadora Riofrío asevera que existe una “demonización de la actividad”.

“La industria minera ha sido uno de los motores de nuestro crecimiento nacional y regional, basta decir que solo en el año 2009 se realizó una inversión directa de más de 750 millones de dólares, que generaron impuestos para las provincias y la nación. Ya son cerca de 500 mil los puestos de trabajo generados en el país por la minería, en actividades de exploración de reservas, producción de minerales y servicios para este sector, lo que representa un 500% de crecimiento con respecto a 2003, según informó la Secretaría de Minería de la Nación. Esta actividad también registra uno de los mayores índices de trabajo formal con salarios que, en promedio, se ubican, como lo dije anteriormente, entre los más altos en los sectores industriales del país. También se habla con ligereza de las multinacionales y de las regalías y parece que si las regalías fueran mayores no sería tan importante preservar el medio ambiente”, explicó la senadora kirchnerista Riofrío.

Por otra parte, y ante el discurso de los ambientalistas y las futuras marchas que harán para manifestarse en contra de la actividad minera, la senadora reflexiónó  que “el discurso ambientalista que se utiliza penetra muy fácilmente en la gente. Sin embargo, no hay que ser un experto en el tema para darse cuenta que el efecto ambiental que produce la actividad minera es bastante menor en comparación al del cordón industrial de la ciudad de Buenos Aires, o el cultivo intensivo de la soja”. Y agregó: “Es muy saludable que todos trabajemos por el desarrollo sustentable y la protección de nuestros recursos naturales, pero sin olvidar que debemos armonizar el impacto ambiental con el impacto humano, y que este tema supera a aquellos oportunistas que desde la  defensa sin sustentos técnicos de la ecología a ultranza, pretender hacer su plataforma electoral”.

Asimismo, con respecto a su opinión sobre el proyecto que viene de la cámara de Diputados, Riofrío manifestó que “sinceramente opino que el texto del proyecto aprobado por los diputados tiene graves defectos. Por ejemplo, el concepto de zona periglacial es tan amplio y ambiguo que resulta que el IANIGLIA, organismo al cual le tengo un profundo respeto, podría terminar incorporando aéreas que no corresponden al inventario y ese solo hecho implicaría la prohibición y paralización de numerosas actividades económicas. Hay que tener en cuenta que el proyecto, como viene de Diputados, no solo prohíbe la minería, sino todas las actividades conexas vinculadas a un desarrollo productivo, como las referidas a la construcción de infraestructura comunicacional, proyectos para el desarrollo energético, entre tantas otras. Además, la ambigüedad del concepto de zona periglacial provocará una innecesaria judicialización del tema. Seguramente promoverán numerosas acciones de amparo que afectarán las actividades económicas”.

A propósito del proyecto que se está discutiendo en comisión, la senadora explicó  que “resulta más acorde con lo establecido por la Constitución Nacional, ya que deja claramente establecida la intervención y competencia de las autoridades provinciales en las revisiones o auditorías ambientales, en la modificación de Diputados no. En esa modificación se pone en evidencia una subestimación subliminal de la capacidad técnica y moral de los provincianos”.

Además la senadora declaró: “Insto a mis colegas senadores para que procuren un resguardo legislativo de la autonomías provinciales, que pongamos racionalidad a esta problemática, visualizando que aprobar el proyecto remitido por la Cámara de Diputados no significa una superación en la protección al medio ambiente en comparación con el proyecto que por unanimidad aprobáramos en el Senado. Muy por el contrario, según la calificada opinión de las máximas autoridades del IANIGLIA, ambos proyectos protegen el medio ambiente, pero el que estamos por considerar es tan ambiguo, impreciso, con preocupantes indefiniciones terminológicas,  que determinará indefectiblemente vacios jurídicos y la judicialización futura, con su lógica consecuencia económica y social”.

Para finalizar la senadora Marina Riofrío expresó que “quienes rechazamos las modificaciones introducidas por el diputado Miguel Bonasso, y apoyamos el del verdadero consenso (o sea el que obtuvo el voto de la totalidad de la cámara alta y no así el de diputados donde el bloque del oficialismo no acompañó), no pretendemos restringir las áreas protegidas, simplemente que la ley sea precisa en su definición y adecuada para el medio ambiente y para el desarrollo de las economías provinciales”.