Entre los imputados hay 15 ex policías, 15 ex militares y siete ex gendarmes, mientras que los civiles son el escribano Juan Carlos Benedicto, el sacerdote José Mijalchyk y el personal de inteligencia del Ejército Guillermo López Guerrero.
A ellos se suma María Elena Guerra, una ex policía que está imputada por la presunta usurpación de la casa de un matrimonio de víctimas.
En agosto del 2012, el TOF ordenó que los imputados fueran trasladados a la cárcel para garantizar su asistencia en el juicio.
A ellos se los juzga por los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometido en perjuicio de las víctimas.
Durante los alegatos, la Fiscalía y la querella pidieron que los acusados cumplan sus penas, en caso de ser condenados, en cárceles comunes.
"Los antecedentes permiten presumir que una vez condenados entorpecerán investigaciones o eludirán la justicia", señaló el querellante Daniel Weisemberg.
"Esperamos 41 condenas, muchas de ellas a perpetua y todas a cumplirse en cárcel común, algo de justicia para las 215 víctimas de esta megacausa, algo de reparación para sus familias y amigos", agregó Valentina García Salemi, otra de las querellantes.
"Esta sentencia reescribe la historia de la provincia, y lo hace democráticamente desde un juicio justo y público", indicó.
Por su parte, la defensa pidió, en todos los casos, la absolución de sus representados, que la semana pasada tuvieron la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencias.
Fuente: Télam
