Según consta en la documentación, fueron 9 y no 12 personas las que llegaron para realizar la capacitación al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), una de ellos un médico de quien estaba a cargo la salud de los ocho militares restantes. La capacitación era para “el rescate de rehenes y manejo de crisis frente a estas situaciones”.
Entre las especificaciones aclara que “se pretendía enseñar cómo herir a un delincuente sin matarlo y desde ya sin poner en peligro la vida del rehén”. Es por eso que, además del equipo técnico que tenía que entrar al país, había camillas, morfina y otras herramientas médicas que no estaban en los documentos porque no era necesaria la aprobación del RENAR, según explicaron a Infobae.com las autoridades que participaron del operativo.
Si bien era necesario notificar el ingreso, “eso se solucionaba con una nota administrativa en el lugar, sin mayor complicación”, agregaron las mismas fuentes.
Otro punto de conflicto fue el equipo de comunicaciones que los soldados traían consigo, el cual todavía permanece confiscado. Al tratarse de efectivos en actividad que pueden en cualquier momento ser reasignados a otra parte del mundo, llevan consigo tecnología tal que permite encriptar comunicaciones entre estos soldados y el Comando Sur: “Nada tiene que ver con interferir en otros llamados; son comunicaciones entre nosotros y cuyos códigos sólo nosotros podemos conocer por obvias razones”, explicaron funcionarios del Departamento de Estado.
Sin embargo, el equipo continúa confiscado hasta tanto se conozcan todas las partes y funcionalidades del mismo, cuestiones que pasan a ser secretos de Estado.
La gravedad diplomática llegó al límite cuando “funcionarios argentinos intentaron ingresar al avión, eso no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista”, agregaron desde Washington a este medio, mientras ponían énfasis en que “todas las armas fueron declaradas y su ingreso, aprobado por todos los ministerios y organismos que el gobierno argentino solicitó”.
Los trámites comenzaron en el RENAR el año pasado, luego del intercambio de documentación y la aprobación del ingreso de personas y materiales. Esa misma información fue reenviada a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad.
Incluso, las mismas fuentes confirmaron que hubo llamados telefónicos hasta último momento y que los EEUU invirtieron más de 1 millón de dólares en la capacitación que nunca se llevó a cabo.
“Nos atacan y dicen que no queremos cumplir las leyes argentinas y estamos muy lejos de eso; es por eso que otro curso similar en 2010 terminó suspendido por decisión de la misma embajada allá en Buenos Aires”, explican desde Washington sin salir aún del asombro y calificando al operativo como “un circo”.
