En todos los países se aplican regulaciones para limitar el control monopólico de los flujos informativos, teniendo en cuenta que la concentración en pocas manos de una actividad universalmente considerada de interés público atenta contra la pluralidad de voces y el derecho humano a recibir, difundir y emitir noticias, opiniones e ideas.
En la Argentina, tras 26 años de gobiernos democráticos, aún sigue vigente el decreto-ley de la dictadura que regula radios y canales de televisión. Por eso, la necesidad de democratizar los medios de comunicación para hacerle lugar a las voces comunitarias, a las cooperativas, iglesias, sindicatos, fundaciones y otras organizaciones sociales ha ido ganando espacio y generando sustento social para el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. Allí se establece que un tercio de las licencias de TV y radio serán destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro.
El proyecto del Ejecutivo recepta y condensa la mayoría de las iniciativas legislativas sobre el tema, casi todas de la oposición, y coincide en lo fundamental con ellas, aunque con una novedad: por primera vez en la historia de la radiodifusión se incluye a la oposición parlamentaria en el dispositivo de conducción del sistema que se crea para administrar las ondas que quedan a cargo del Estado, también un tercio de ellas.
Por eso, resulta incomprensible la vocinglera y falaz argumentación de ciertos legisladores que se subordinan a las grandes empresas monopólicas, al extremo que alguno de ellos, como cierto radical cordobés, rechazaron de plano el proyecto oficial sin siquiera haberlo leído, invocando la supuesta ilegitimidad del Congreso votado por la ciudadanía para legislar hasta el 10 de diciembre próximo.
Al estilo de algunos de los desopilantes personajes del gran Peter Capusoto, que repiten los peores lugares comunes de los informativos sensacionalistas de radio y televisión, estos dirigentes son el eco de las campañas de desinformación que alertan sobre un supuesto designio de controlar y censurar una "prensa independiente" que , por lo demás, nunca existió como tal.
A ello se le agrega la novedosa interpretación constitucional de algunos dirigentes que proponen diferir el debate para el próximo año, tras el cambio en la composición de las Cámaras, que otean mejor para sus fines (o, mejor, para sus medios).
Semejante alegato devela que el autoritarismo ya no anida sólo en las grandes corporaciones económicas afectadas en sus intereses sino entre algunos políticos, ya que desvalorizar a la mitad de los diputados y a uno de cada tres senadores por el delito de que su mandato tenga vigencia es un dislate que, llevado a sus lógicas consecuencias, deslegitimaría a cualquier gobierno que en las legislativas de medio término disminuyera su representación parlamentaria.
El debate que comienza la semana entrante demostrará cuán autónoma puede ser la política y los políticos respecto de las corporaciones y su real disposición a crear un régimen que garantice la diversidad, la pluralidad y la participación popular en los medios de comunicación. (Télam).-
*Dirigente del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
En la Argentina, tras 26 años de gobiernos democráticos, aún sigue vigente el decreto-ley de la dictadura que regula radios y canales de televisión. Por eso, la necesidad de democratizar los medios de comunicación para hacerle lugar a las voces comunitarias, a las cooperativas, iglesias, sindicatos, fundaciones y otras organizaciones sociales ha ido ganando espacio y generando sustento social para el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. Allí se establece que un tercio de las licencias de TV y radio serán destinadas a organizaciones de la comunidad sin fines de lucro.
El proyecto del Ejecutivo recepta y condensa la mayoría de las iniciativas legislativas sobre el tema, casi todas de la oposición, y coincide en lo fundamental con ellas, aunque con una novedad: por primera vez en la historia de la radiodifusión se incluye a la oposición parlamentaria en el dispositivo de conducción del sistema que se crea para administrar las ondas que quedan a cargo del Estado, también un tercio de ellas.
Por eso, resulta incomprensible la vocinglera y falaz argumentación de ciertos legisladores que se subordinan a las grandes empresas monopólicas, al extremo que alguno de ellos, como cierto radical cordobés, rechazaron de plano el proyecto oficial sin siquiera haberlo leído, invocando la supuesta ilegitimidad del Congreso votado por la ciudadanía para legislar hasta el 10 de diciembre próximo.
Al estilo de algunos de los desopilantes personajes del gran Peter Capusoto, que repiten los peores lugares comunes de los informativos sensacionalistas de radio y televisión, estos dirigentes son el eco de las campañas de desinformación que alertan sobre un supuesto designio de controlar y censurar una "prensa independiente" que , por lo demás, nunca existió como tal.
A ello se le agrega la novedosa interpretación constitucional de algunos dirigentes que proponen diferir el debate para el próximo año, tras el cambio en la composición de las Cámaras, que otean mejor para sus fines (o, mejor, para sus medios).
Semejante alegato devela que el autoritarismo ya no anida sólo en las grandes corporaciones económicas afectadas en sus intereses sino entre algunos políticos, ya que desvalorizar a la mitad de los diputados y a uno de cada tres senadores por el delito de que su mandato tenga vigencia es un dislate que, llevado a sus lógicas consecuencias, deslegitimaría a cualquier gobierno que en las legislativas de medio término disminuyera su representación parlamentaria.
El debate que comienza la semana entrante demostrará cuán autónoma puede ser la política y los políticos respecto de las corporaciones y su real disposición a crear un régimen que garantice la diversidad, la pluralidad y la participación popular en los medios de comunicación. (Télam).-
*Dirigente del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
Fuente: Télam
