“Todos tienen derecho a reclamar y este Gobierno siempre está abierto al diálogo; pero es inadmisible que integrantes de las fuerzas de seguridad, o cualquier otro sector, realicen una protesta portando armas de fuego, haciendo ostentación de armas o irrumpiendo en la Casa de Gobierno, que es la sede del Poder Ejecutivo y el edificio público más importante en un Estado democrático”.
En tal sentido, y en virtud de las revueltas que se produjeron en distintos puntos del país, consideró que es momento de “revisar la situación y definir una manera de que la policía pueda expresar sus inquietudes y reclamos de forma organizada y orgánica, con una representación que evite eventuales desórdenes”.
Indicó también que debe quedar en claro que “más allá de cualquier reclamo, proteger a la población es una tarea que no puede interrumpirse, y ante un potencial conflicto es necesario primero garantizar la seguridad, tal como se hace con las guardias médicas en materia de Salud y con otros servicios esenciales y vitales para la comunidad”.
La jefa de Estado se ocupó además de subrayar que “la mayoría de los comisarios, miembros de las fuerzas especiales y un gran número de agentes nunca abandonaron sus responsabilidades y siguieron trabajando con normalidad”, lo cual permitió “evitar desmanes mayores y mantener asegurada en todo momento la seguridad de la población”.
Aclaró también que “la llegada de los gendarmes tuvo un fin estrictamente preventivo, y actuaron coordinadamente con la policía provincial para garantizar la seguridad de los catamarqueños”.
Ratificó además la conformación de una comisión que establecerá nuevas políticas salariales con todos los sectores estatales, en una mesa de negociación que contará con participación de todas las representaciones gremiales.
