El tribunal estará, de acuerdo al proyec to promovido por el senador Ricardo Castellanos, a cargo de tres Jueces quienes tendrán la misma jerarquía de los Jueces del Tribunal de Sentencia y será asistido por un secretario. En los casos de excusación, recusación o impedimento de alguno de los jueces del Tribunal de Apelación Penal, serán subrogados por los jueces de la Cámara de Sentencia Penal por orden de turno. A su vez, los jueces de apelación no subrogarán a los Camaristas Penales en los mencionados supuestos.
En tanto la competencia, deberes y atribuciones del Tribunal, quedan determinados conforme a lo establecido en el CAPÍTULO VIII- IX- X- XI, TÍTULO SEGUNDO de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2337 y sus modificaciones legales). El procedimiento de subrogación se regirá por las disposiciones de la Ley Nº 2337, Orgánica del Poder Judicial, sus modificaciones legales y Acordadas Reglamentarias de la Corte de Justicia.
El senador Castellanos al momento de fundamentar el proyecto en el recinto hizo hincapié en “el crecimiento poblacional del interior provincial, principalmente en los sectores del oeste, que si bien no es de gran notoriedad pero si paulatino y constante, tal como los demuestran las estadísticas que presenta el INDEC luego del Censo Poblacional del año 2010, y las proyecciones actuales, además de la apreciación personal que sobre este crecimiento tenemos quienes habitamos en la Región”.
También al “crecimiento productivo, económico en el mismo ámbito, y la gran actividad innovadora que desde 1995 se da en la misma, que es la minería, no sólo por los emprendimientos ya en marcha sino también por el sinnúmero de proyectos en el período de exploración y prefactibilidad existentes, hechos que traen aparejado la creación de muchos puestos de trabajo, y por ende, un incremento en la ocupación de mano de obra remanente, además del aumento de inversiones conexas y accesorias a estos emprendimientos de envergadura, que activa el comercio en lo general y por lo tanto, conlleva un aumento en la riqueza regional y en el nivel de vida, entre otras razones por la masa dineraria que circula”.
Tras ello indicó que “aunque parezca paradójico por la crisis económica, que nos tocó soportar desde el año 1995, de la que con gran esfuerzo se pretende salir, y que afectó a todos los habitantes del país, principalmente a los sectores productivos y de más escasos recursos, son elementos que han hecho aumentar el índice de litigiosidad y de delincuencia, y por ende, el incremento de causas en los distintos Juzgados y Fiscalías de la Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Circunscripción Judicial, en todos sus fueros.”.
Hizo referencia a la vez a “la distancia que nos une y a la vez que nos separa de la ciudad Capital, donde se encuentran las otras divisiones y/o reparticiones del Poder Judicial Provincial, donde necesariamente muchas causas deben remitirse para continuarlas y resolverlas, consecuencia del proceso natural de las mismas, o por haberse recurrido alguna resolución, esto es por la intervención que les cabe a las Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo y a los Tribunales de Sentencia Penal, hace todo ello que continuamente tanto los letrados intervinientes en dichos expedientes, como las partes, interesados, partícipes, etc., deban trasladarse más de trescientos kilómetros, como mínimo, para continuar el trámite”.
Ello, a entender del senador, “ dificulta la administración de justicia, y el acercamiento y acceso que todos los habitantes deben tener a ella, ya que la falta de contacto con los expedientes o un adecuado seguimiento por los interesados, en muchos casos, dilata el proceso o diluye el efecto ejemplificador que muchas de las resoluciones judiciales deben tener, especialmente las provenientes del fuero penal, lo que atenta contra el deber del Estado de afianzar la justicia, promover el bienestar general o consolidar la paz de la población”.
Para Castellanos, “es una manifiesta discriminación, dado que por razones económicas, muchos de los habitantes, a diferencia de los que sí tienen recursos, podrían gozar de un adecuado servicio de justicia.”.
Apoyo
A su turno, el senador de Tinogasta, Bernardo Quintar, celebró el proyecto presentado por su par debido a que, de acuerdo dijo, “es un inconveniente que tenemos desde siempre en el Oeste, de un Oeste que necesita este tipo de reinvindicaciones, en este caso en el tema de la Justicia, para que podamos tener celeridad con respecto a todas las cuestiones importantes que hacen los habitantes de nuestra tierra”.
También el senador de Pomán, Daniel Saadi, se refirió a la importancia de la iniciativa de la creación de este Tribunal de Apelaciones en Belén, “porque hay muchos casos que de Pomán, lo pasan a Andalgalá y desde allí tienen que trasladarse a la ciudad Capital. Si existe un Tribunal de Apelaciones en Belén toda la gente en nuestro departamento que en cuestiones penales y civiles tienen que concurrir a Andalgalá se verían beneficiados”, insistió.
