Indicaron que el ministro de la administración de Mauricio Macri deberá explicar ante Oyarbide "la dinámica y verdaderas actividades” que desarrollaba James en la cartera en la que fue contratado con un sueldo superior a los 6.000 pesos mensuales.
Los funcionarios "tienen lo que, en Derecho, se llama `deber de garante’ de las actividades de sus subordinados y de constatar que "los actos que cumplen son legales", explicaron las fuentes y señalaron que, sobre esos extremos, se basarán las preguntas.
Respecto de las hipótesis que indicaban que la causa "se puede expandir para los costados y también hacia arriba", dijeron que "habrá que ver lo que diga" Narodowski sobre si la contratación de James fue a pedido de alguien y cuáles fueron los motivos.
El ministro de Educación porteño debía prestar declaración indagatoria, como imputado, el viernes último pero su defensor, Carlos Beraldi, solicitó una postergación a la que Oyarbide accedió fijando la fecha del próximo miércoles para su concurrencia a los tribunales de Comodoro Py 2002.
Narodowski ya declaró en la causa -aunque en calidad de testigo- y reconoció que James reportaba en la planta de contratados del ministerio, aunque no pudo explicar qué funciones cumplía.
Dicho contrato habría sido suscripto por el espía dos días después de haber retirado en la Secretaría de Inteligencia las escuchas telefónicas ilegales a Sergio Burstein, dirigente de los familiares de víctimas de la AMIA y uno de los principales opositores a la designación de Palacios en la nueva fuerza.
Entre las decenas de escuchas ilegales que habría practicado la organización que regenteaba el "Fino" se encuentran a los gerentes de "ofertas" y de "bebidas" de Coto, quienes al declarar en la causa dijeron que la "información que manejan, en poder de la competencia, les produciría un grave perjuicio patrimonial".
También fueron interceptados, entre otros, los teléfonos del empresario Carlos Avila y de Néstor Leonardo, el parapsicólogo cuñado del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Fuente: Telam
