Nilda Garré en Catamarca

(DIARIOC, 16/05/2012) Garré y Corpacci pondrán en funcionamiento el Centro de Recepción y Derivación de Menores y la Mujer (Além y Mota Botello), para posteriormente firmar convenios en el Cine Teatro Catamarca.

La Ministra Nilda Garré nació en la ciudad de Buenos Aires el 3 de noviembre de 1945. Egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador a los 22 años.
En 1973 fue elegida Diputada Nacional por el Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi), cargo que desempeñó hasta que el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 depuso al gobierno constitucional, inaugurando un periodo de siete años de dictadura.

Durante esos años de terrorismo de Estado se involucró activamente en el movimiento de Derechos Humanos como abogada de presos políticos y en actividades de denuncia de las violaciones cooperando con la APDH y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Con la recuperación de la Democracia, en 1983, continuó militando en el Movimiento Peronista.

A partir de 1993 integró la Mesa Nacional del Frente País Solidario (Frepaso) que obtuvo 44,2% de los sufragios en las elecciones de 1995, resultando electa Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En 1996 integró la Convención Constituyente que definió el Estatuto Organizativo del nuevo Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue reelegida Diputada Nacional en 1999, banca a la que renunció tras ser nombrada Secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior cuyo titular era Federico Storani, cargo que ocupó hasta marzo de 2001, cuando varios ministros y secretarios de Estado pertenecientes a la coalición FREPASO renunciaron en repudio a las medidas económicas que pretendía implementar el entonces Ministro de Economía.

A partir de octubre de 2000 y hasta octubre de 2001 coordinó la Unidad Especial de Investigación del Poder Ejecutivo Nacional para el esclarecimiento del atentado a la AMIA.

En diciembre de 2001 inició su cuarto mandato como Diputada de la Nación, que se extendió hasta 2005.

En sus mandatos legislativos integró las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional, Seguridad Interior, Justicia, Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y, en calidad de Vicepresidenta 1ª, la Comisión de Juicio Político.

En el 2003 representó a la Cámara de Diputados en la Comisión Acusadora ante el Senado de la Nación en el juicio político que destituyó a varios integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Su trabajo en la banca se complementó con la participación en diversos ámbitos de diagnóstico y propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento de las instituciones en Argentina. En tal sentido, participó de la Comisión Asesora para la Reforma del Sistema Penal del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Además, fue miembro del Grupo Constructor de la Reforma Judicial de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino/ Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, durante los años 2002 y 2003.

En junio de 2005 el Presidente Néstor Kirchner la designó Embajadora en la República de Venezuela y en diciembre de ese mismo año fue nombrada Ministra de Defensa, siendo la primera mujer en ocupar esa cartera.

Durante su gestión al frente del Ministerio de Defensa, Garré asumió plenamente la conducción política del Sistema de Defensa y completó la arquitectura jurídica e institucional del sector. Ello implicó especificar los niveles de competencias y responsabilidades entre sus diferentes actores: el Ministerio de Defensa diseña, determina y orienta las políticas de defensa y militar; el Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. planifica, ejecuta y supervisa; y las FF.AA alistan, adiestran y sostienen los recursos humanos y materiales puestos a disposición.

El primer paso decisivo en ese sentido fue la reglamentación de la propia Ley de Defensa (Decreto 727/06), asignatura pendiente desde su sanción en 1988. Asimismo, llevó adelante la primera convocatoria al Consejo de Defensa Nacional –CODENA- (Decreto 1168/06); puso en marcha el Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (Decreto 1729/07), posibilitando así articular objetivos estratégicos con el diseño de fuerzas, planes de equipamiento y despliegue geográfico. Impulsó la primera Directiva Presidencial para la Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Decreto 1691/06), determinando misiones principales y subsidiarias del Sistema de Defensa y los criterios que debían guiar el sostenimiento y desarrollo de las capacidades del instrumento militar.

A su vez, la derogación del obsoleto Código de Justicia Militar y su reemplazo por una normativa que incluyó modificaciones al Código Penal y un Código Disciplinario (Ley N°26.394 de 2008) implicó que, en materia de juzgamiento de delitos, los militares pudieran gozar de las mismas garantías que el resto de los ciudadanos, disponiendo consecuentemente y en forma inédita del pleno derecho de defensa en juicio.

{adr}En consonancia con el modelo de restablecimiento de la producción y el trabajo impulsado por los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner desarrolló una política de recuperación de las capacidades productivas del  sector de la defensa, apostando a la generación de conocimiento, innovación y valor agregado nacional. La optimización del sistema de administración de recursos implicó el desarrollo de un sistema logístico integrado, diseñado para satisfacer con mayor eficiencia y transparencia los requerimientos materiales, abarcando tanto la obtención como el sostenimiento de equipamiento e infraestructura.

En este marco se recuperaron los Astilleros Tandanor y Almirante Storni (ex Domecq García), que habían sido privatizados en forma fraudulenta, y se decidió la integración de ambos en 2008 en el Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). En virtud de esta revalorización, y por la resistencia de los trabajadores que se habían opuesto a un destino de desguace, la Argentina pudo recuperar la capacidad de realizar el mantenimiento de media vida de submarinos TR-1700, siendo el ARA “San Juan” el primero en intervenirse. En este polo además se llevó adelante la mayor obra de ingeniería naval de América Latina con la reparación del rompehielos “Altmirante Irízar”, siniestrado en 2007.

En el mismo espíritu se enmarcó la recuperación de la mítica fábrica militar de aviones, que había sido concesionada en los ‘90 a Lockheed Martín, que fue aprobada en 2009 con apoyo de todos los bloques parlamentarios por Ley del Congreso de la Nación. De este modo, se dio origen a la rebautizada Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en Córdoba, reimpulsando la construcción y modernización de aviones Pampa, la modernización de aviones Pucará, y el mantenimiento y reparación de los medios aéreos de las Fuerzas Armadas en general.

La recuperación del entramado productivo del Sistema de Defensa procuró el objetivo simultáneo de proveer al instrumento militar de una creciente autonomía tecnológica e industrial, contribuyendo al desarrollo nacional a través de la generación de cadenas de valor (clusters). Así, bajo su gestión se promovió la articulación de los organismos de ciencia, tecnología y producción de las fuerzas armadas con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, atendiendo los requerimientos del planeamiento estratégico. De este modo se recobró la capacidad de lanzamiento de vectores (GRADICOM), la recuperación de misiles (ASPIDE); el desarrollo de los primeros radares 2D producidos en América Latina (con la empresa estatal INVAP); y las primeras etapas de diseño e ingeniería de un submarino a propulsión nuclear argentino.

Como Ministra de Defensa también promovió la modernización del sistema de formación de las fuerzas armadas, adaptando los institutos castrenses y sus currÍculas a los criterios del sistema educativo nacional; disponiendo el fortalecimiento de la formación cívica del ciudadano de profesión militar mediante la inclusión de contenidos de Derecho Constitucional y Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Asimismo, impulsó la creación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta (Decreto 1169/06) y fomentó el establecimiento de cursos conjuntos de formación de distintas especialidades (pilotos de aeronaves, helicópteros, paracaidistas, buceo, comunicaciones, artillería, etc.) propendiendo al fortalecimiento de la interoperabilidad del Sistema de Defensa.

La implementación de una política transversal de derechos humanos constituyó una condición necesaria en el proceso de fortalecimiento de una cultura institucional fundada en principios, valores y prácticas democráticas. Para ello impulsó la creación de mecanismos de vigilancia de derechos y garantías; de acceso a la información pública; de recepción y tramitación de denuncias de abuso de autoridad; de eliminación de normativas discriminatorias. Con respecto a ello resultó de particular importancia la consolidación de una perspectiva de género que implicó la compatibilización de las responsabilidades de la actividad profesional y las obligaciones familiares del personal militar y civil; condiciones de igualdad en el ingreso y progreso en la carrera y erradicación de la violencia de género.

Tras las elecciones presidenciales de 2007, la nueva Jefa de Estado, Dra. Cristina Fernández de Kirchner la ratificó en el cargo de Ministra de Defensa, en el que continuó hasta la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, función que asumió el 15 de diciembre de 2010.

La presidenta le encomendó profundizar la institucionalización democrática de las Fuerzas nacionales de seguridad, el afianzamiento de su conducción política y su modernización a los fines de dar respuesta a los nuevos desafíos que plantean, el crimen organizado, la delincuencia y la violencia en las sociedades modernas.

Las directivas centrales impulsadas por el Poder Ejecutivo a estos efectos han sido: la participación comunitaria para orientar las políticas públicas, el combate al delito organizado (narcotráfico, trata de personas, robo automotor) y un planeamiento racional y sistémico de los recursos humanos y materiales, conducido y supervisado por el Ministerio de Seguridad como cabeza del Sistema.

Además, los nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana suponen un abordaje multiagencial y coordinado entre los distintos niveles de gobierno y áreas operativas del Estado.