El objetivo de la comisión será "investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales producidos por ese comportamiento".
"La Comisión, para cumplir su cometido, deberá procurar la identificación de los agentes económicos involucrados en el incumplimiento fiscal y la fuga de divisas, así como también las instituciones bancarias y/o financieras que hayan estructurado en el país el modo sistemático de violentar las normas impositivas y cambiarias vigentes", agrega.
Según la iniciativa, "le corresponderá a la Comisión establecer las con-causales en que hubieren incurrido las instituciones facilitadoras de la modalidad de evasión fiscal, en cuanto al ocultamiento y/o destrucción intencional de la documentación que acredite el proceder ilícito descripto".
También podrá "requerir, con carácter prioritario y sujeto al orden público, toda la información que estime pertinente del sector público nacional, provincial o municipal, y del sector privado que desarrolle actividades económicas en el mercado bancario, financiero, cambiario y de capitales, teniendo amplias facultades para evaluar la misma".
Advierte que "en ningún caso será oponible a la Comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación" e informa que "podrá recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información, que se presente durante el curso de su trabajo".
Como resultado del informe, se podrán establecer recomendaciones al Congreso sobre "la conveniencia de modificar la legislación vigente sobre entidades bancarias, financieras, cambiarias y bursátiles y extra-bursátiles, si se observa un comportamiento sistémico de impulso a la evasión fiscal y la salida de divisas, por parte de las instituciones que operan en esos mercados".
Entre los fundamentos, se cita el informe de la AFIP del 26 de noviembre último y sostiene que de allí "surgen elementos que inducen a la sospecha de la existencia de una red organizada, con el objeto de facilitar a ciudadanos residentes, mecanismos financieros para desviar fondos a jurisdicciones extranjeras con el consiguiente perjuicio al erario público".
"Dicha información está vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos, seguida a la entidad bancaria HSBC, que fuera solicitada a las autoridades francesas en el marco del intercambio de información, previsto en el artículo 27 del Convenio de la República Argentina y la República Francesa, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio", acota.
El texto sostiene que "la gravedad de los elementos emergentes respecto a la entidad bancaria HSBC, que presuntamente ha incentivado una plataforma ilegal conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores públicos que facilitaron una red "off - shore" de sociedades extranjeras, para el giro de fondos a otras naciones, promoviendo la evasión fiscal, eludiendo los controles económicos y encubriendo un enriquecimiento sin determinar".
"Es también grave que los agentes económicos locales, muchos de ellos empresarios líderes de los sectores en que intervienen, le planteen a la ciudadanía un doble standard discursivo y moral, pues en tanto se reúnen en foros de discusión o debate, o financian comunicadores y especialistas económicos para cuestionar duramente la política fiscal y cambiaria del Gobierno, y simultáneamente proceden a evadir sus obligaciones con el fisco", denunció.
Fuente: Télam
