La propuesta busca facilitar la rectificación de los datos personales asentados en bases públicas o privadas, particularmente, registros escolares, historias clínicas o nóminas en clubes o asociaciones.
En rigor, la iniciativa contempla, por un lado, al caso de los nietos y nietas recuperados que fueron secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres durante el terrorismo de Estado para que “puedan acceder al derecho de rectificación de sus datos personales adulterados y su sustitución por los datos correspondientes a su verdadera identidad”.
“Resulta indudable que entre los hechos luctuosos sufridos por la sociedad argentina, como producto de los actos atroces y aberrantes cometidos durante la dictadura cívico-militar implantada en nuestro país entre 1976 y 1983, uno de los más destacados es el correspondiente a la conducta adoptada en relación a aquellas mujeres que -siendo secuestradas y trasladadas a centros clandestinos- se hallaban en estado de gravidez y que, una vez que hubieron dado a luz, eran despojadas de sus hijos”, sostiene la norma sancionada.
Y subraya que “en su gran mayoría los apropiadores eran miembros activos de las Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Armadas o miembros pasivos ligados de manera directa o indirecta a aquellos que procedían a fraguar la documentación pertinente para su inscripción fraudulenta en las respectivas delegaciones del hoy denominado Registro Nacional de las Personas”.
Ante ello, destaca la acción “muy pertinaz en el tiempo por parte de la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y recuperación de sus nietos y nietas cuyo primer fruto fue la localización de dos nietas en marzo de 1980”.
En consecuencia, analiza que muchas de las personas que recuperaron su identidad en democracia tienen constituido su domicilio en la Ciudad pero consigna que “sus datos identitarios fraguados figuran en los bancos o registros de datos personales de algún organismo y, en especial, en cualquiera de los efectores de salud de alguno de los subsistemas y en algún establecimiento educativo en sus distintos niveles y tipo de gestión”.
Ello incluye desde carnés perinatales, certificados de vacunación obligatoria, detección de enfermedades crónicas con su correspondiente recomendación terapéutica o en el caso de establecimientos educativos, en registros de alumnos, de los diplomas, los certificados analíticos de estudio o distinciones obtenidas por algún rasgo destacado.
El registro creado por ley, en tanto, también abarca la rectificación de los datos de quienes recuperaron su verdadera identidad originariamente adulterada por situaciones totalmente ajenas a la etapa del terrorismo de Estado y para aquellas personas
que se hallan alcanzadas por lo que se conoce bajo el nombre de Disforia de Género o Síndrome de Benjamín.
“Entendemos que esta ley complementaria de procedimientos resulta de suma importancia porque permitirá que las distintas fases del ciclo vital de una persona encuentren su reflejo en la documentación que la acredita en cada una de sus etapas y no nos hallemos frente al contrasentido de una doble identidad civil, en contra de la voluntad de la persona involucrada, sostenida en el tiempo por falta de acción u omisión por parte del Estado de la Ciudad”, indica el texto.
Y agrega que “el proceso de construcción de la identidad es uno de los hechos más relevantes en la vida de un ser humano y constituye el atributo vertebral de su condición de persona. En este proceso de individuación adquiere especial relevancia todo lo vinculado con el nombre por el que es y se siente reconocida tanto por sus pares como por el resto de la sociedad en las que está integrada”.
"Es un paso más en la consolidación del derecho a la identidad de las personas, sea en razón de la supresión y adulteración producida durante la etapa del terrorismo de Estado con los bebés nacidos en cautiverio, como los nuevos casos de rectificación por razones de modificación en la identidad sexual", expresó Pierini al respecto.
Fuente: Télam
