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Piden a la Nación la prórroga del plazo establecido en la Ley 25798 de Sistema de Refinanciacion Hipotecaria

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de resolución mediante el cual le solicita al Poder Ejecutivo Nacional(PEN) que proceda a disponer la prórroga del plazo establecido en el artículo 6º de la ley 25798 de Sistema de Refinanciación Hipotecaria, referido a la opción de ingreso de acreedores y deudores al citado sistema. La solicitud es extensiva a los legisladores nacionales por Catamarca, para que arbitren los medios legales necesarios a los fines de suspender los remates hipotecarios llevados a cabo sobre viviendas únicas e inmuebles de pequeños y medianos productores (Pymes) y microemprendimientos, en todo el ámbito nacional.
Presentado por la presidenta del bloque de diputados provinciales del Frente Cívico y Social(FCyS), Marta Grimaux de Blanco, copias de la declaración fueron remitidas al PEN, a los legisladores nacionales representantes de la provincia y a las presidencias de las Cámara de Senadores y Diputados de la Nación.
Grimaux de Blanco aseguró que la iniciativa fue motorizada“con el convencimiento que con esta propuesta legislativa contribuiremos, desde nuestra provincia, a la defensa del ejercicio del derecho de propiedad de nuestros comprovincianos y de miles de argentinos que padecen esta situación de incertidumbre con respecto al destino de su vivienda única”
La ley nacional 25798, sancionada el 5 de noviembre del 2003, estableció un Sistema de Refinanciación Hipotecaria, a la cual podían acceder deudores y acreedores de créditos hipotecarios.
El sistema implementado por el gobierno nacional trata de evitar el remate de las viviendas hipotecadas que se encuentran en mora, en tanto que los Bancos o entidades financieras pueden optar por vender la totalidad o parte de su cartera irregular a un Fondo Fiduciario creado a tal fin. La referida norma, conocida como ley de salvataje o rescate de deudores hipotecarios morosos, cubre a quienes tenían créditos para vivienda única de hasta cien mil pesos ($100.000), y que hubieran entrado en mora entre el 1º de enero del 2001 y el 11 de setiembre del 2003. El mecanismo ideado establece refinanciaciones de hasta doce años y fija un tope máximo para que los beneficiarios no paguen mensualmente más del 25% de sus ingresos.
No obstante lo antes aludido, los deudores hipotecarios continúan en una situación preocupante y de incertidumbre, ya que continúan los desalojos y los juicios de los acreedores, para lograr el remate de los inmuebles, siguen su curso”, dijo la legisladora y trajo a colación a la Asociación de Deudores Argentinos(ADA), entidad que manifestó que“los acreedores privados piden la inconstitucionalidad del salvataje, usan la ley 24441 y consiguen el remate en horas”
Además, refirió que, a través de una nota que le ha dirigido el Movimiento en Defensa de la Tierra y la Vivienda(MDTV),“nos plantea esta situación preocupante ante el inminente vencimiento de los plazos de la ley de salvataje de deudores hipotecarios”
Precisó que dicha ley“establece en su artículo 6º un derecho de opción al Sistema de Refinanciación Hipotecaria, y fija como plazo de ingreso sesenta días hábiles desde la vigencia de la reglamentación del citado cuerpo normativo, el cual fue prorrogado por igual término por decreto 352/04 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 24 de marzo del 2004, que se encuentra próximo a vencer”
Explicó que“es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre los medios necesarios a su alcance a los fines de que se disponga la prórroga por igual término del plazo establecido en la ley 25798. Asimismo, apelamos a los representantes legislativos de nuestra provincia en el Congreso de la Nación, solicitándoles que arbitren los medios legales necesarios para que sean suspendidos los remates hipotecarios llevados a cabo sobre viviendas únicas e inmuebles de pequeños y medianos productores y microemprendedores en todo el ámbito nacional”

Declaran la necesidad de intervención del Estado provincial

Además, los diputados declararon la necesidad de intervención del Estado provincial en el proceso de ejecución de deudas hipotecarias con el sistema financiero, que hayan afectado viviendas únicas como garantía real.
El diputado Ruben Manzi(Fregen), autor de esta iniciativa, menciona en sus fundamentos que el capítulo IIº de la Constitución Provincial, referido a los derechos económicos sociales,“es encabezado por el artículo 50º que expresa en su primer párrafo que el ejercicio del derecho de propiedad privada debe ajustarse a los principios de justicia social, que la ley determinará de acuerdo a la categoría, naturaleza y destino de los bienes”
Por su parte -cita el legislador-, el artículo 51º establece que“la provincia promoverá el acceso de todos sus habitantes a la propiedad del inmueble, urbana y rural, a fin de asegurarles vivienda y medios de vida dignos”
Argumentó que este proyecto tiende a“asegurar el ejercicio pleno de derechos de algunos de nuestros comprovincianos que se encuentran en la infortunada situación de ver cómo años de esfuerzo y sacrificio son desestimados, menospreciados y apropiados por el sistema financiero que incorpora a sus arcas capital fijo inmobiliario a costos especulativamente reducidos mediante artilugios y estratagemas formales que amparan acciones que dolorosamente permiten a unos enriquecerse pagando a uno lo que vale diez y obligan a empobrecerse a otros convirtiéndolos en aportantes forzosos de largos años de trabajo y empeño”
Asimismo, manifestó que“la asignación de los recursos efectuada por el libre mercado imperante en la última década está mostrando aún las falencias de este modelo, sobre todo cuando está viciado de monopolios, oligopolios y toda otra forma de distribución desigual de fuerzas actuantes en ese mercado”
Señaló que“hoy, cuando los catamarqueños, como tantos argentinos, hemos tomado conciencia del daño que nos produjo la enajenación, la permisividad, la inacción y en muchos casos la complicidad activa, no podemos los diputados de esta provincia seguir insensibles ante acciones que son ni más ni menos que consecuencia de procederes pasados, aunque siendo más estrictos podríamos interpretarlas como continuidad fáctica de viejas políticas, en teoría superadas y dejadas de lado”, acotó.
Creo por ello, que la intervención por parte del Estado provincial es necesaria y urgente, brindando asesoramiento legal, organizacional y financiero, a fin de dar cumplimiento a los principios constitucionales y poner freno a situaciones que pueden generar profundas inequidades y agravar el proceso de deterioro social cuyas consecuencias, tarde o temprano, el Estado provincial tiene que afrontar”

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