El requerimiento fue realizado por el fiscal federal Gustavo Gimena, que subroga al fiscal Pedro Simón, respondiendo al pedido de imputación penal efectuada por la querellante Ana Loto, ex concejal de Las Termas, en contra de Montalván y también del ministro de la Producción, Jorge Gasembauer, por considerarlos presuntos autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario Público. Ahora será el magistrado Molinari quien deberá evaluar el pedido de indagatoria a Montalván por parte del Ministerio Público Fiscal, y que se suma a los ya efectuados en contra de los empresarios azucareros Julio Colombres y Catalina Lonac.
Según el escrito del fiscal Gimena, la imputación le cabe únicamente al secretario de Medio Ambiente, “por haber omitido el control de la normativa ambiental nacional y de la Provincia de Tucumán que posibilitó la comisión de los delitos de contaminación ambiental que se investigan en la presente instrucción”.
Consideró que Montalván vulneró los bienes jurídicos protegidos “como son el respeto y el acatamiento debidos a las normas constitucionales y legales, configurándose la conducta descripta en el artículo 248 del Código Penal”, es decir abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Gimena arribó a esta conclusión, al considerar que de “la conducta del funcionario público Montalván surge a las claras que es responsable de la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbían en razón de su cargo”.
“Este funcionario conocía y conoce muy bien las normativas nacionales y de la provincia de Tucumán creadas con el objeto de proteger el ambiente y la salud de las personas las cuales no dejan lugar a dudas en cuanto a su tiempo y modo de aplicación y debido control”, señaló el funcionario judicial sobre Montalván. Sin embargo, sostuvo que el funcionario “abusando de sus funciones, desarrolló mecanismos y estrategias para prorrogar” la aplicación de las normas ambientales, permitiendo y dando “el marco adecuado para que empresarios industriales contaminadores continúen acrecentando ganancias económicas a costa de violentar el derecho a la salud y a un ambiente sano que tienen todos los habitantes conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional”.
El fiscal federal general también enrostró a Montalván ser responsable de omitir las sanciones debidas a quienes infringieron “ostensiblemente la ley, no dar trámite a los reclamos constantes de los ciudadanos, no denunciar -como están obligados- el delito de contaminación del cual conocían perfectamente su existencia y desarrollo, y no ejercer el debido control a las empresas que alteraban el hábitat”. (El Diario 24.com)