Por ese motivo, libró informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Banco Central para conocer los antecedentes del programa Sueños Compartidos. También pidió copia del expediente que tiene a su cargo el juez Norberto Oyarbide, que investiga a los hermanos Schoklender.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que el juez hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por el fiscal Miguel Ángel Osorio, quien pidió que se investigue “a quienes hubieran firmado los contratos”, lo que incluye tanto a funcionarios del sector público como a directivos de las Madres de Plaza de Mayo.
En los oficios, el magistrado pidió a cada una de las administraciones municipales o provinciales las copias de los contratos que se labraron con la fundación, ya que lo que se investiga es si cada vivienda realizada cumple con las características, el número y el valor de las mismas.
El juez solicitó, además, informes a la IGJ de los antecedentes que hubiese de Sueños Compartidos, y también a la SIGEN y la AGN sobre auditorías y controles sobre la realización de viviendas producto de esos contratos.
Las fuentes revelaron que Martínez de Giorgi intenta verificar los hechos que investiga su colega, ante un posible planteo de incompetencia. Por ahora, Oyarbide investiga a los Schoklender y Martínez de Giorgi, a los presuntos funcionarios involucrados.
En otra de las medidas, Martínez de Giorgi solicitó informes al Banco Central de la República Argentina (BCRA) si existe en el sistema financiero cuentas bancarias a nombre de “Misión Sueños Compartidos”, y así poder seguir los eventuales movimientos de dinero.
La denuncia había sido formulada por el abogado Jorge Vitale por la presunta contratación directa y el pago de sobreprecios en la construcción de las viviendas contra diferentes funcionarios nacionales y contra la presidente de Madres, Hebe de Bonafini. (Infobae)
