lado el "sistema manual" de selección, utilizado en la designación de algunos magistrados, como por ejemplo los subrogantes Raúl Tettamanti y Francisco de Asís Soto.
La resolución, que lleva la firma del presidente de la Cámara de Apelaciones Martín Diego Farrell, solicita al director de la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, Gabriel Mehlman, la aplicación de un sistema informático para utilizar en el próximo sorteo destinado a cubrir vacantes tribunales de primera instancia.
Esto ocurre luego de haber sido cuestionado severamente el funcionamiento de la Cámara Civil y Comercial Federal en el sistema de elección de jueces y asignación de causas, lo que puso en evidencia la necesidad de legitimar el mecanismo.
El jueves, la Comisión de Disciplina y Acusación había tomado declaración testimonial a Gustavo Luis Bocanera, Secretario General de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en el marco de la investigación que se lleva adelante por la denuncia contra el camarista Ricardo Recondo.
El Secretario Bocanera dio cuenta de situaciones muy graves en el funcionamiento irregular de la Cámara Civil y Comercial Federal.
La primera, que cuando en octubre de 2009, Clarín planteo la medida cautelar para solicitar la suspensión del tratamiento de la LSCA, los juzgados civiles y comerciales tenían un sistema de turnos que permitía prever quién iba a ser el juez del caso.
Así fue que la causa recayó en el Juzgado a cargo del juez Carbone y si bien este rechazó la medida con base en la incompetencia del fuero en favor del Contencioso Administrativo Federal, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal -integrada por los jueces Farrell, De las Carreras y Najurieta- confirmó la competencia del juez Carbone. Este renunció en el mes de noviembre de 2009, y de todos modos siguió a cargo del Juzgado como juez subrogante, jubilado y convocado. Con ello, no era posible removerlo por el mal desempeño en sus funciones, como a los jueces designados de acuerdo a la Constitución.
Asimismo surge que el sorteo del juez subrogante para dictar sentencias en el juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 1 -en el que tramita la causa sobre la LSCA- se hizo utilizando "papelitos", en palabras del Secretario, pero sin el sorteo informático habitual.
Además, el sorteo se realizó entre tan solo dos jueces, Raúl Orestes Tettamanti y Franciso de Asís Soto, pero sin considerar la totalidad de los jueces titulares de primera instancia.
Por lo demás, el Secretario informó que la decisión de asignar a Tettamanti y a Soto a los Juzgados 1 y 7 respectivamente, fue tomada unilateralmente por el Presidente de la Cámara, Martín Farrell.
Si bien Bocanera refirió que ello se debía a cuestiones de colapso del fuero, no aportó ningún elemento que permitiera inferir que Tettamanti y Soto eran los jueces que menos causas asignadas tenían, como así tampoco cuáles fueron las razones para modificar el sistema de subrogancias rotativas que se venía implementando desde 2011. Con ello es evidente que los jueces fueron elegidos de manera arbitraria y discrecional para hacerse cargo de los juzgados vacantes.
Por fin, si bien el Secretario dio cuenta que el fuero Civil y Comercial Federal está desbordado, informó que entre fines de Abril y Mayo de este año, cinco camaristas solicitaron licencias simultáneas y viajaron a Miami para asistir a la III Cumbre de Medios de Comunicación, auspiciada por Cablevisión y organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información en América Latina (Certal) que integran directivos del grupo Clarín, y cuya Coordinadora en Argentina es Ana Inés Recondo.
Los jueces que solicitaron licencia y viajaron a Estados Unidos, según dichos del propio Bocanera, son Francisco de Las Carreras -denunciado penalmente por el delito de dádivas- junto con los jueces Alfredo Silverio Gusman, Santiago Bernardo Kiernan, Ricardo Gustavo Recondo y Ricardo Víctor Guarinoni.
Asimismo trascendió que los gastos del viaje fueron abonados por Certal, todo lo cual configura un escenario de absoluta gravedad institucional, teniendo en cuenta que se trata de los jueces que deben resolver sobre la validez constitucional de la LSCA, cuestionada por el Grupo Clarín.
Fuente: Télam
