En declaraciones a Télam, el también titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) sostuvo que "en ese contexto, sectores opositores ligados a los intereses del poder económico hallaron su oportunidad para intentar ilegitimar al gobierno y su programa popular".
"Como no había condiciones para un golpe militar, se intentó generar un golpe económico y, en ese sentido, hubo complicidad de algunas entidades financieras que hoy están siendo investigadas por la justicia a partir de que produjeron ciertas corridas bancarias", puntualizó el sindicalista judicial y de la CGT.
Del mismo modo, indicó que "no tuvieron éxito a partir de la reacción popular y la salud de la economía nacional" y añadió que "se trató de una campaña -denunciada por la CGT desde octubre de 2006- que procuró impedir la ratificación del rumbo económico".
Entre esas acciones desarrolladas desde 2006, Piumato mencionó "una inflación generada artificialmente y la terrible provocación producida durante el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón desde la CGT a la quinta de San Vicente, que impidió la clausura del acto por parte del ex presidente Néstor Kirchner".
"Esos sectores procuraron mellar al Ejecutivo y romper las vías estratégicas tácitas entre la CGT y el gobierno a partir de sus políticas de paritarias, el Consejo del Salario Mínimo, la recuperación económica y el empleo. Es decir, la central obrera se iba transformando en su principal apoyatura para profundizar el modelo y la redistribución del ingreso", puntualizó Piumato.
El dirigente gremial afirmó también que "el pueblo no es estúpido" y que "se trata de dos modelos de país: los medios de comunicación santificaron el conflicto rural y nada dijeron sobre el corte de rutas y el hecho de tirar la comida. Se trató de una protesta de los pudientes que despreciaron a los necesitados".
Piumato afirmó que "se intentó desestabilizar a pesar de que todos los números económicos demostraban solidez" y subrayó que "el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, pasó a ser hoy asesor de un bloque neomenemista bonaerense. El gobierno no previó la reacción opositora a una resolución que continuaba una línea de rentabilidad y de necesidad de gravar las tremendas ganancias".
"La oposición procuró volver a un modelo concentrado y excluyente de país en contraposición al modelo incluidor. Cree que la apropiación de la riqueza es patrimonio de unos pocos y que el resto debe conformarse con vivir en la miseria. Esa posición no puede triunfar con votos. Por eso no la asumió", dijo Piumato.
El dirigente gremial recordó que el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, afirmó en aquel momento que todo "el accionar rural apuntaba a desgastar al gobierno".
Piumato agregó que esos sectores pudientes "no quieren cumplir con las leyes laborales, no pagan impuestos, trabajan en negro, hambrean y explotan a sus trabajadores y no se animan a discutir un modelo de país incluyente y abarcador de todos los sectores".
En otro orden, sostuvo que "la polémica desatada entre el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de aceleración de los juicios de lesa humanidad "ha sido un error tremendo" del máximo tribunal y negó enfáticamente que esa realidad sea consecuencia de "la falta de presupuesto" sectorial.
"La Corte Suprema cubrió corporativamente la actuación de ciertos magistrados, que son responsables de las causas por derechos humanos. Algunas de las afirmaciones de Carmen Argibay no fueron reproducidas por todos los medios. La ministra judicial reconoció como algo secundario la responsabilidad de los jueces.
Hubo manipulación informativa, tergiversando y generando una situación irreal. Hubo interés en calentar la polémica", aseveró.
Piumato dijo que existe "voluntad política" por parte de la mayoría de los jueces para que esas causas "no avancen", porque muchos fueron designados por "la dictadura militar y otros adscriben a esa ideología neoliberal, sustento del genocidio que permitió desarticular el movimiento sindical para aplicar el plan de (José) Martínez de Hoz y desmantelar el Estado de bienestar que había caracterizado al país a partir de junio de 1946".
El sindicalista respaldó la posición del gobierno en el marco de esa polémica y recordó que el Ejecutivo autorizó hace ya tres años 1.100 nuevos cargos para crear "la secretaría de derechos humanos en cada una de las jurisdicciones donde se investigan y llevan esas causas, en especial en la justicia federal de Buenos Aires y en los juzgados y cámaras federales del interior".
Piumato agregó que "mal puede alegarse que se trata de causas viejas, lo que complica su tratamiento" y afirmó que existió "complicidad de algunos jueces que las paralizaron y un entendimiento o planificación respecto del accionar de la cámara de Casación, que aplicó criterios del derecho penal común".
"Se tomaron decisiones escandalosas, dejando a asesinos confesos libres. En 2006 comenzaron a designarse cargos y, en algunos casos, los ocuparon parientes, algún amante o amigos que no tenían ninguna vocación de avanzar con el tema. La excepción fue Córdoba y Tucumán, donde se nombró gente idónea", aseguró.
Piumato aseveró que "la Asociación de Magistrados en ningún momento condenó los golpes de Estado porque, para esa entidad, la historia argentina y judicial es una línea recta en la que cada uno en su momento aportó lo mejor de sí para esa corporación y no para la Patria, lo que indigna y es una confesión sobre qué tipo de magistrados ocupan muchos de esos cargos".
Del mismo modo, sostuvo que "la Procuración General de la Nación renovó su parque informático por 10 millones de pesos y otros 80 millones fueron destinados al sistema de gestión de calidad, que cuestionamos porque la justicia no fabrica tornillos sino que es preciso medir calidad y contenido de la sentencia". (Telam)
