El presidente de la Cámara de Diputados, Doctor Guillermo Herrera, con respecto a los pedidos de expulsión del Senado de la Nación de Luis Barrionuevo, Herrera expresó que la Cámara alta“deberá asumir sus propias responsabilidades en este hecho a la hora de evaluar y de juzgar la conducta de uno sus pares” Además, sostuvo que“es público y notorio la participación activa que ha tenido este senador nacional en estos hechos, primero en el posicionamiento político del Partido Justicialista y después en los hechos que se han desencadenado el 2 de marzo que han significado sin dudas un atentado a la democracia y a las instituciones que deben regir nuestra convivencia en sociedad” “Son los senadores de la Nación los que deben evaluar, pero lo concreto es que estos episodios que sucedieron en Catamarca no se circunscriben a los límites provinciales pues se ha instalado un debate nacional, incluso la preocupación que existe respecto de que la metodología de la violencia, del atropello, de la destrucción de urnas, de impedir que la gente ejercite libremente su derecho de voto, pueda convertirse en una moneda corriente de cara a las elecciones presidenciales del 27 de abril y esto no son conjeturas disparatadas”, recalcó. Asimismo, consideró que“se deben hacer todos los esfuerzos desde todos los ámbitos institucionales, desde todos los sectores políticos y sociales, para prevenir que estos hechos no vuelvan a repetirse porque no le hacen nada bien a la República y tampoco a los argentinos que de un tiempo a esta parte bien que necesitamos encontrar el rumbo para que nuestro país mejore su perfomance y las condiciones de vida de todos los argentinos” Acerca de la postura asumida sobre el tema por la administración duhaldista, comentó que viene observando y le preocupa la posición que ha adoptado el gobierno nacional, principalmente a través de su ministro del Interior, Jorge Matzkin de quien señaló que“pretende hacer un distingo entre legalidad y legitimidad como diciendo que lo hecho en Catamarca por la justicia electoral en primera instancia, en el Tribunal Electoral y en cierta medida ratificado por tres pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adversos a la postura de la alianza justicialista, sería eso la legalidad del asunto pero que hay que trabajar por la convergencia para que haya legalidad y legitimidad, como si el no cumplir con las normas constitucionales vigentes y el hecho que los jueces declaren que un determinado candidato no cumple con los requisitos y por ende no puede ser candidato fuera solamente una formalidad, una legalidad carente de todo sentido y no una decisión absolutamente legítima, ya que no puede haber otra legitimidad que la que emana del cumplimiento estricto de las normas constitucionales y legales vigentes” “Esta legitimidad que se pretende postular, a contrapelo de lo que dicen las normas, que todos los argentinos debemos respetar y mucho más quien inviste el cargo de senador nacional y pretende ser candidato a gobernador provincial, es una teoría absolutamente peligrosa porque en definitiva significa propiciar que el fin justifica los medios y ya conocemos los argentinos a qué nos conducen estas disparatadas doctrinas o teorías que sustentan algunos”, remató. Sobre la posibilidad de una nueva convocatoria a elecciones, recordó que el“gobernador de la provincia desde un primer momento dijo claramente que la convocatoria al electorado para que pueda emitir el voto está supeditado a que se den las condiciones de tranquilidad, de paz social y en todo caso que se agoten todas estas instancias judiciales para que no haya argumentos ni pretextos a la hora de concurrir o no a los comicios por parte de las distintas fuerzas que forman parte del tablero político de Catamarca” Indicó que“todavía no hay una decisión tomada y creo que con este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia reafirmando las facultades de la provincia en la materia se están dando ya las condiciones para que eventualmente se pueda tomar una decisión en ese sentido, por otra parte el ministro de Gobierno hizo declaraciones en el sentido que es propósito del Ejecutivo Provincial consultar a las distintas fuerzas políticas, que están habilitadas para la contienda electoral, a los fines de buscar el consenso necesario para la determinación de la nueva fecha” Previsible Herrera, evaluó que“era absolutamente previsible”el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoció la competencia de la jurisdicción provincial en el tratamiento de cuestiones electorales, a la vez que anuló todo lo actuado por el Juez Federal de Catamarca Pedro Navarro que había emitido una cuestionada resolución favorable a Luis Barrionuevo y que Ricardo Moreno, que ofició de subrogante, trató de hacerla cumplir. Asimismo, reparó en que“desde un primer momento se supo que el Juzgado Federal de Catamarca carecía de competencia para entender en un proceso electoral de elección de autoridades locales, y más claro aún era porque ya la Corte Suprema de la Nación, cuando desestimó aquella acción declarativa de certeza promovida por la alianza Justicialista, ya había expresado que este tema estaba reservado a los jueces provinciales porque estaba en juego la autonomía provincial y el sistema federal de gobierno y porque el gobierno federal no podía inmiscuirse en asuntos locales porque eso significaría un avasallamiento a esas autonomías provinciales” “Este pronunciamiento -añadió -, no hace más que confirmar lo que se sabía desde el primer momento, que la decisión del Juzgado Federal de abocarse a esta causa y de decretar una medida cautelar era absolutamente improcedente y que más tarde o más temprano el resultado iba a ser el que en definitiva se obtuvo, es decir la declaración de nulidad de la misma” Remarcó“la preocupación que debemos tener todos por el ejercicio arbitrario de esas facultades jurisdiccionales cuando no se reconocen limites, cuando no se aceptan las reglas de competencia que legalmente están establecidas y se toman decisiones que pueden incluso perturbar la paz social, porque el 2 de marzo la alianza justicialista, a través de sus representantes y de sus fiscales en todas las mesas electorales exhibían esa medida cautelar, esa medida de no innovar que había decretado el Juzgado Federal, como argumento de peso para que las autoridades de mesa debieran receptar e incorporar los votos al cuarto oscuro de la alianza justicialista que no habían sido oficializados por los jueces provinciales, y eso (la medida cautelar) fue uno de los factores que influyó en los hechos que después se desencadenaron y que frustraron el comicio” En ese mismo sentido, recordó que“quienes oficiaron de juez federal no son los titulares de ese tribunal, sino abogados de la matrícula que actuaron como jueces subrogantes a raíz de que se encuentra vacante el cargo de juez federal y que actualmente se está tramitando el concurso ante el Consejo de la Magistratura para su cobertura definitiva”y advirtió, sin mencionarlos pero en un evidente tiro por elevación para el propio Navarro y el subrogante Ricardo Moreno, que“lo que sí se debe tener bien presente es que todos los que ejercemos funciones de gobierno debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos y debemos obrar con la máxima prudencia cuando la ejecución o el desarrollo de esos actos puede traer consecuencias no deseadas”
