La ley se refiere a las empresas de medicina prepaga, los planes de adhesión voluntaria y los planes superadores que comercialicen los Agentes del Seguro de Salud (ASS), pero excluye a las obras sociales sindicales, cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, que están comprendidas en otras normativas.
Obliga a las empresas a disponer de planes de cobertura médico-asistencial y el Programa Médico Obligatorio, así como brindar prestaciones básicas para personas con discapacidad; e indica que no podrán fijar períodos de carencia o espera para dar las prestaciones, ni tomar la edad como criterio de rechazo de admisión ni podrán aumentar la cuota para los mayores de 65 años que tengan diez años de antigüedad en esa entidad.
Las firmas del sector ya se pronunciaron en contra de la medida y consideraron que la norma pone en riesgo su continuidad, debido a los supuestos altos costos en los que se verían involucradas.
Por otra lado, la Cámara Argentina de Laboratorios de Análisis Bioquímicos (CALAB) celebró la sanción de la ley al afirmar que la norma evitará que el sector ejerza una "posición dominante" sobre usuarios y prestadores.
El vicepresidente de la entidad, Guillermo Rossi, señaló que sin la existencia de un marco regulatorio, "las empresas de medicina prepaga desde una posición dominante fijaron los precios de los aranceles sin negociar con los prestadores".
"Con la aprobación de esta ley, las empresas de medicina prepaga tendrán un marco regulatorio para evitar imposiciones no sólo sobre sus afiliados, sino también sobre los prestadores de servicios médicos", enfatizó Rossi en un comunicado.
La sanción se produjo en una sesión especial pedida por el bloque del Frente para la Victoria (FPV), que logró quórum sin el apoyo de los principales bloques de la oposición, que por la mañana habían intentado de manera infructuosa sesionar con un temario propio.
El oficialismo reunió 129 diputados en el recinto con el apoyo de las bancadas del socialismo, GEN, Proyecto Sur, Solidaridad e Igualdad, Nuevo Encuentro y legisladores de los bloques de los frentes cívicos de Córdoba y Catamarca. Luego se sumaron, ya iniciada la sesión, el radicalismo, la Coalición Cívica, Peronismo Federal y PRO.
El proyecto tratado había sido modificado por el Senado en revisión, cambios que la Cámara de Diputados convalidó finalmente con la sanción definitiva.
El presidente de la comisión de Salud, Antonio Morante, manifestó la voluntad del oficialismo de que "en la Argentina exista por primera vez una ley que establezca el marco regulatorio de la medicina prepaga" para que "cuatro millones y medio de argentinos tengan una cobertura garantizada".
El cívico Juan Carlos Morán dijo que su bloque estaba "a favor de la esencia de la ley" pero advirtió que "la regulación de prepagas no puede terminar siendo el buen negocio para Moyano, Zanola y otros sindicalistas corruptos" y acusó al gobierno de haber frenado la regulación hasta hoy porque el sector de la salud privada fue "aportante a la campaña" electoral a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Por el radicalismo, Agustín Portela sostuvo que la ley "tiene dificultades" y advirtió que "cualquier desequilibrio" pondrá "en riesgo todo el sistema" que padecerá -a su entender- a los afiliados; mientras su jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra, pidió encarar, además, "el debate en serio de la salud pública" para que llegue "a todos los argentinos en forma de igualdad" así como "el debate de las obras sociales".
Del PRO, Gabriela Michetti manifestó que la ley "no ayuda a mejorar la calidad del servicio" y advirtió que "genera un peligro por la disminución de la calidad del subsistema privado de salud".
El jefe del bloque socialista, Lisandro Viale, en cambio, apoyó la norma al entender que "es un gran paso, un avance", pero resaltó que "no implica la solución del problema", que -en su opinión- sería que "el Estado brindara un servicio de excelencia" en materia de salud.
La peronista anti-K Graciela Camaño dijo que la aprobación de la ley "es una buena noticia" para los pacientes y afirmó que "están correctamente excluidas" de la norma las obras sociales sindicales y cooperativas y mutuales, dado que tienen legislación específica.
De Proyecto Sur, Claudio Lozano dijo que el subsistema de la medicina privada mueve 15 mil millones de pesos y son apenas cinco empresas las que concentran entre el 75 y el 80 por ciento del mercado, lo cual justifica su regulación y constituye "un avance en la dirección correcta".
Su compañero de inter-bloque Eduardo Macaluse rechazó la idea de que la ley fuera creada para favorecer a Moyano, al recordar que cuando se comenzó a plantear el tema a nivel legislativo el camionero ni siquiera integraba la CGT y estaba alineado al MTA.
"No estamos de acuerdo con las reforma que se hicieron en el Senado, porque excluye a algunas prestadoras que pensamos deben estar consideradas", reconoció Macaluse, pero aclaró que, ante la disyuntiva de insistir con la media sanción de Diputados o votarla de Senadores, prefirió respaldar su sanción para que "quede claro que esta ley nace con fuerza".
En la misma línea, la filo-K Vilma Ibarra destacó que "seguramente esta ley va a ser complementada con la reglamentación" que hará el Poder Ejecutivo, en tanto que Virginia Linares (GEN) afirmó que la ley dará "transparencia" al sistema; mientras Felipe Solá afirmó que "en líneas generales el Peronismo Federal va a votar a favor del proyecto que estamos tratando". (Notio.com)
