"Los distintos hechos gravísimos aquí investigados, hieren, laceran a la humanidad y por ende a la razón, puesto que de haberse hecho lo que se debía las víctimas asesinadas, hoy, tal vez, no lo estarían; los torturados, los abusados, los maltratados, los privados ilegítimamente de su libertad, tal vez, hubieran tenido justicia en su oportunidad", enfatizó el magistrado.
La medida de Herrera Piedrabuena alcanzó a su ex colega Miguel Angel Puga a quien le imputó los delitos de "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal" en ocho hechos, "y que resultaría de la participación secundaria en los delitos de homicidio calificado; imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad".
El ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo fue procesado por los mismos hechos, en tanto el ex secretario Carlos Otero Alvarez fue procesado por encubrimiento en una resolución en la que el magistrado sostuvo que "adquiere particular relevancia la prueba documental incorporada, como fiel reflejo de la actitud omisiva, de ´silencio cómplice´".
En ese sentido Herrera Piedrabuena añadió que "fue un común denominador en el Poder Judicial de la Nación de la circunscripción de Córdoba, en particular entre los ex jueces, fiscales y funcionarios de primera instancia que pretendieron asegurar la impunidad de los autores de aberrantes delitos con su inactividad".
El juez afirmó que la prueba reunida permitió "reconstruir el acontecer histórico, y que resulta demostrativa -dada su reiteración- de la sistematicidad con la que actuaron los ex magistrados y ex funcionarios hoy imputados, quienes olvidando, o tal vez nunca lo supieron, como hombres de derecho cuál era el rol exigible a quienes ocuparon tan altas magistraturas y funciones, que no era otro que asegurar la vida, la integridad y la dignidad de las personas".
"Podría afirmarse, sólo como justificación, que estos ex magistrados y ex funcionarios, tal vez no podían dimensionar o entender la magnitud de lo que sucedía, pero el hecho de que si hubieran puesto en marcha el sistema de garantías para cada una de las víctimas, aún en forma individual, hubiera servido no solo como límite a lo aberrantes delitos que se cometían", afirmó.
En esa línea agregó que también "se habría beneficiado a la sociedad en su conjunto donde el Poder Judicial de la Nación hubiera actuado como protección ante el poder absoluto, o al menos intentado atemperar las acciones desatadas por el aparato represivo del Estado".
El magistrado concluyó que "hubo una actitud de jueces y funcionarios, y hasta de abogados, que en forma rutinaria y con un esquema mental mecanizado no tuvieron la suficiente actitud para comprender las exigencias que la realidad les estaba marcando, para poder decidir a favor de la vida y la dignidad de las personas".
Fuente: Télam
