Así lo anunció el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, al término del acto que se llevó a cabo en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, con la asistencia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; del presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Horacio Verbitsky y de otras entidades vinculadas a los derechos humanos.
A diez años del compromiso asumido por el Estado ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jefa de Estado promulgó la norma que permite a los jueces intervinientes en causas por apropiaciones ilegítimas obtener muestras de ADN "por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo", tal como lo aprobó la Corte Suprema de Justicia y como se aplicó con éxito en varios casos de jóvenes recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.
Para Estela Carlotto el procedimiento para la extracción de ADN no es "compulsiva", sino que es "una metodología alternativa no violenta, no invasiva y con respeto" para lograr información genética a través de un equipo especialmente preparado para este tema.
Añadió que quien no quiere dar sangre "va en contra de sus derechos" y subrayó que "no estamos en guerra con nadie, sólo la tenacidad de insistir que nuestros niños recuperen sus derechos" y calificó como "un día magnifico" y "es la culminación para brindar por algo que salga en todos los medios en la dimensión que merece" y que fue presentados ante al Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Opinó que el tema fue "discutido y bastardeado" y sostuvo que "nos ofendieron " y subrayó que "lo que hacen las Abuelas es sólo para bien y no sólo el encuentro de nuestros nietos, sino poner la historia con verdad y justicia".
Añadió que el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el hospital Durand, creado en 1984 con el auxilio de destacados científicos del mundo para procesar la sangre de los nietos robados durante la dictadura, ahora será del Estado nacional con la modernidad y los tiempos y respuestas necesarias.
Por su parte, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, confió que la jefa de Estado promulgó el decreto de la ley que despenaliza la figura de "calumnias e injurias" en caso de interés público.
Relató que la norma se encuentra en sintonía con un fallo de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del periodista Eduardo Kimel, quien fue condenado a raíz de una investigación en la que criticaba la actuación de un juez en un libro sobre la llamada Masacre de los Padres Palotinos, ocurrido en 1976 en una iglesia del barrio porteño de Belgrano.
Explicó que se "suprimen" las calumnias e injurias sobre el caso de interés público, pero que "si se trata de cuestiones privadas de ciudadanos sigue rigiendo el Código Anterior" y acotó que "la pena de cárcel puede ser reemplazada por multa".
Remarcó que en caso de interés público por "críticas a funcionarios, opiniones e informaciones de actos de gobierno no pude haber un proceso penal" y por lo tanto dejó en claro que la promulgación de la norma clausura las causas que avanzaban en diversos juzgados del país a partir de las querellas por calumnias e injurias contra periodistas de distintos medios.-
Fuente: Telam
