La iniciativa encontró una fuerte resistencia en el Concejo Deliberante y finalmente no obtuvo el respaldo político del intendente, Humberto Valdez, por lo que fue archivada después de un intercambio de opiniones en el que se barajó la posibilidad de una solución intermedia, con una reducción de la dieta, que también se descartó. Ahora se incluiría en la normativa máxima de la comuna una escala salarial, en base a la propuesta incorporada a la discusión por el propio órgano deliberativo, conforme a una serie de porcentajes con el sueldo del intendente como referencia.
La propuesta de los convencionales oficialistas fue presentada como una suerte de respuesta institucional al supuesto desprestigio que atraviesan los representantes legislativos en general; una especie de mensaje hacia la sociedad enderezado a dar muestras de la voluntad de reducir el gasto político y mejorar la calidad de la representación.
Pero los concejales, en forma unánime, rechazaron la aplicación de la medida. Señalaron que la tarea de los ediles es incompatible con muchas otras y que, además, demanda una dedicación "full time". En este sentido, estimaron que hacer que los concejales cumplan sus funciones ad-honorem hará que solamente puedan integrar el cuerpo aquellos que no tengan necesidad de trabajar.
También consideraron que los vecinos en general sólo estarían en condiciones de reclamarles a sus representantes por el trabajo realizado en la medida en que éstos cobren y que la gratuidad del desempeño de la función desembocaría, en definitiva, en un divorcio aún mayor entre los concejales y la sociedad, que, al no pagarles, poco tendría para recriminarles en caso de incumplimiento.