Ambos legisladores, al fundamentar la iniciativa, expresan que los medios gráficos de nuestra provincia, el viernes 24 del mes en curso, “informaron sobre un lamentable acontecimiento suscitado en la plaza 25 de Mayo en horas del mediodía, con incidentes protagonizados por jóvenes estudiantiles, que involucró a reporteros gráficos que cubrían la noticia y en la que la nota estuvo dada por el accionar de personal de la policía de la provincia en dichas circunstancias”.
Después de transcribir textualmente los comentarios críticos que en los medios gráficos suscitó este hecho, observan que “las crónicas son análogas al abordar la actuación del personal de la policía de la provincia, que entendemos es preocupante puesto que se suma a una larga serie de circunstancias, en las que se han denunciado excesos en el celo puesto por las fuerzas de seguridad provinciales en el cumplimiento del deber de prevención que las leyes le tienen asignado”.
Advierten que “este accionar reprochable que motiva la presente iniciativa, se potencia atento a la gravedad de la misma y frente al hecho que todos los argentinos nos disponíamos a conmemorar el 24 de marzo los treinta años de la implantación del terrorismo de Estado en la Argentina, donde el abuso del poder de coerción del Estado justamente se erige en el punto álgido que hoy nos trae a la memoria la desaparición de treinta mil personas, por las que reclamamos memoria con verdad y justicia”.
También le dedican un párrafo al jefe de la policía provincial, Néstor Ortíz, que en declaraciones a la prensa expresó que se trató de “disturbios, peleas entre jóvenes”, responsabilizando por ello a “…chicos que no concurren a la escuela, alumnos repitentes que tienen en su mayoría historia de expulsiones de otras escuelas.
Para los diputados del frente gobernante “de ser veraces las explicaciones que ofreció sobre el particular, nuestra preocupación es aún mayor, porque lejos de avanzar dando garantías a la sociedad catamarqueña, en orden a que se analizará la conducta del personal que actuó en la situación aludida, esgrime justificaciones que carecen de sentido común, criminalizando la situación de alumnos repitentes, descargo por otra parte tan inverosímil para quien reviste la máxima responsabilidad de conducción de las fuerzas de seguridad de la provincia y que colisiona con los principios y derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional, y con la ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que modifica radicalmente el abordaje de la problemática infanto-juvenil y a la que esta Cámara a adherido, dándole media sanción a la iniciativa para que la misma sea de aplicación efectiva en el ámbito provincial”.
Sin ánimo que la presente iniciativa implique “un juzgamiento” al pleno de las fuerzas de seguridad provinciales, pues por el contrario “tratamos en la misma de sentar una posición de esta Cámara sobre un hecho puntual”, al tiempo de requerir que el Ministerio de Gobierno y Justicia analice la actuación de los agentes involucrados en la situación de referencia, estiman “como sociedad que se precia de democrática”, que los legisladores “no debemos hacer abstracción” de situaciones coyunturales y que, ante cada acontecimiento que merezca la reflexión serena de este cuerpo, “debemos asumir la responsabilidad que nos ha dado la sociedad, para actuar con madurez ante situaciones como las que aborda la presente, reflejo fiel de conductas propias de un pasado lacerante que debemos recordar, pero al que le debemos poner freno”.
